El PSOE de León ha anunciado este miércoles que interpondrá un recurso por nulidad contra el pleno extraordinario y urgente celebrado este miércoles en Villafranca del Bierzo, en el que se ha tomado en consideración la renuncia del alcalde , el socialista Anderson Batista Rojas y se ha elegido a José Manuel Pereira (PP) como nuevo regidor. Este sería el último episodio de toda una serie de desavenencias internas y entre las formaciones políticas del consistorio, que han dado en la dimisión del primer edil ante la imposibilidad de seguir gobernando en solitario . Los concejales del grupo municipal socialista abandonaron el equipo de gobierno el pasado mes de abril a raíz de una disputa por la peatonalización de la calle del Agua y la destitución del teniente de alcalde, el concejal de Obras y Hacienda y socio de gobierno por Coalición por el Bierzo (CxB), Santiago Castelao. Ahora, el PSOE responde al pleno en el que se ha ejecutado la dimisión aludiendo que no cumple con los requisitos legales establecidos y, en consecuencia, se quiere recurrir su nulidad jurídica. Según ha reflejado el partido en un comunicado que recoge Ep, aunque reconocen la labor realizada por el alcalde saliente durante el tiempo que ha estado al frente del Ayuntamiento, «siempre en favor de la ciudadanía» de Villafranca del Bierzo y, en aras de salvaguardar la estabilidad institucional y asegurar el futuro del municipio, ahora le solicitan la entrega de su acta de concejal. Indican que entregar el acta es «el paso necesario» para que Villafranca del Bierzo siga contando con un gobierno progresista «que defienda los intereses de su ciudadanía frente a los intentos de manipular la voluntad popular». Así lo ha expresado el secretario de Política Municipal del PSOE de León, Octavio González, que ha cuestionado el paso de manos del bastón de mando y teme que «la vulneración de la legalidad acabe poniendo en riesgo la voluntad democrática expresada en las urnas». De esta forma, el PSOE de León ha puesto de manifiesto su compromiso con «la legalidad, la transparencia y la defensa de los intereses de la ciudadanía» y ha recalcado que ninguna institución puede funcionar «al margen de las normas que la rigen». «Nuestra obligación es garantizar que las instituciones funcionen con transparencia y respeto a la democracia», ha finalizado González.
