Túnez condena a muerte a un hombre que publicó críticas al presidente a través de redes sociales
Un tribunal de Nabeul en Túnez condenó esta semana a un ciudadano tunecino de 51 años a la pena de muerte por varias publicaciones en Facebook que la fiscalía consideró un “atentado” contra la figura presidencial, la ministra de Justicia y el sistema judicial, según ha conocido la agencia AFP. El abogado defensor, Maître Oussama Bouthelja, confirmó que el veredicto se basó en los artículos 67 y 72 del Código Penal, así como en el decreto-ley 54 sobre difusión de información falsa, y subrayó que su cliente “ha recibido la pena máxima” pese a que los contenidos exactos de las publicaciones no se han divulgado públicamente.
Según Bouthelja, las acusaciones se refieren a mensajes que, tras ser compartidos en enero de 2024, fueron interpretados como intentos de “cambiar la forma del gobierno” y de menoscabar la autoridad de altos cargos del Estado. El artículo 72, en concreto, castiga “los actos destinados a alterar el orden republicano”, un precepto que rara vez se aplica con tanta severidad contra la libertad de expresión.
El Comité para el Respeto de las Libertades y de los Derechos Humanos en Túnez (CRLDHT) calificó la decisión como un “precedente muy grave” y una “bajeza monumental” cometida por un sistema judicial que, según la ONG, ha perdido independencia al servicio del régimen. La organización denunció además la sorprendente rapidez con que la ministra de Justicia destituyó al presidente de la sala que dictó la sentencia, en medio del escándalo público.
Aunque la pena capital sigue recogida en la legislación tunecina, rige una moratoria de facto desde 1991 que mantiene sin ejecutar los fallos de muerte. Sin embargo, el CRLDHT advierte de un aumento de juicios por delitos de opinión desde que el presidente Kaïs Saied asumió plenos poderes en julio de 2021, lo que ha derivado en docenas de detenciones de opositores, periodistas y activistas bajo el amparo del mismo decreto-ley y de leyes antiterroristas.
El acusado, recluido desde principios de 2024, presentará un recurso de apelación que podría convertirse en un momento clave para analizar la proporcionalidad de la pena y la transparencia del proceso judicial. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos vigilan de cerca este caso, que, advierten, podría sentar un oscuro precedente en la restricción de libertades fundamentales en Túnez.