Sostiene la investigada Begoña Gómez a través de su abogado que, al no existir un estatuto regulador de la figura del cónyuge del presidente del Gobierno, ella no puede haber incurrido en malversación de caudales públicos . Lo cual es tanto como afirmar que todo lo que no esté expresamente prohibido debe considerarse permitido. El argumento no sorprende, dado que ya fue empleado por Cándido Conde-Pumpido para avalar en el Constitucional la amnistía concedida a los golpistas catalanes, pero repugna por su cinismo y ofende el más elemental sentido de la decencia política. ¿No venían estos 'progresistas' a limpiar la vida pública? ¿No ganó el líder del PSOE una moción de censura con la promesa de erradicar la corrupción de...
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