El Consejo de Ministros ha aprobado una declaración institucional con motivo del Día de los Derechos de la Infancia, que se celebra este jueves 20 de noviembre, en la que el Gobierno afirma que avanza hacia una prestación por crianza basada en criterios de «universalidad y equidad fiscal». Esta ayuda, impulsada por el Ministerio de Juventud e Infancia , se plantea como una prestación de 200 euros al mes por hijo a cargo . No obstante, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en la necesidad de evaluar previamente las ayudas existentes para evitar duplicidades. «Desde el Ministerio de Juventud e Infancia se continúa impulsando políticas de lucha contra la pobreza infantil, ampliando apoyos a las familias, trabajando en el cumplimiento del Plan de Acción Estatal para la Implementación de la Garantía Infantil Europea y extendiendo el Complemento de Ayuda para la Infancia del Ingreso Mínimo Vital, mientras se avanza hacia una prestación por crianza diseñada desde parámetros de universalidad y equidad fiscal», recoge la declaración. Desde el Ministerio de Juventud e Infancia señalan que esta propuesta, defendida por el departamento que dirige Sira Rego y por la coalición Sumar, consiste en una ayuda de 200 euros por hijo o hija a cargo, un modelo que permitiría « dejar de lado el actual sistema asistencial » y que «podría reducir a la mitad la tasa de pobreza infantil». Por su parte, Montero ha subrayado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que « para reformular cualquier otra prestación en materia de pobreza infantil», primero es necesario « evaluar el rendimiento» de las medidas en vigor y evitar solapamientos. En este sentido, destacó el Ingreso Mínimo Vital y su complemento de ayuda a la infancia (CAPI). «Sería interesante evaluar todos los instrumentos que tenemos para luchar contra la pobreza infantil y en caso de que haya que mejorarlo, pues puede ser una prestación como la que usted comenta o cualquier otra mejorada de las que tenemos ya en marcha», señaló. «Si no, permanentemente, estamos duplicando instrumentos o lo estamos poniendo solapadamente uno encima de otro», añadió. La declaración institucional recuerda que el Ministerio de Juventud está promoviendo un Pacto de Estado para la erradicación de la pobreza infantil , un objetivo que debe implicar a fuerzas políticas, administraciones públicas y al conjunto de la sociedad. El texto también reclama proteger el bienestar de los niños y adolescentes y construir una sociedad que los incluya plenamente. «Nuestra responsabilidad como país no es sólo proteger su bienestar, sino construir una sociedad que les incluya, les tenga en consideración como sujetos de derechos, y garantice una vida libre de violencia, discriminación y desigualdades», expone. Asimismo, subraya que las infancias son «diversas» y que, por tanto, afrontan desigualdades distintas. Señala que es responsabilidad del Estado y de la sociedad en su conjunto eliminar las estructuras que reproducen estas desigualdades y asegurar que cada niño y niña pueda desarrollarse «en libertad, autonomía y dignidad». La declaración también aborda el papel de las nuevas tecnologías, que «deben ser una herramienta de aprendizaje y libertad, nunca de acoso, explotación o control», y menciona la ampliación de la Ley de protección a la infancia frente a la violencia (LOPIVI), el proyecto de Ley Orgánica de Protección de las Personas Menores de Edad en los Entornos Digitales —actualmente en tramitación parlamentaria— y la necesidad de combatir fenómenos como el ciberacoso o la explotación económica de menores como consumidores vulnerables. Asimismo, advierte de que la desigualdad económica «condiciona vidas enteras desde la infancia» y defiende que la lucha contra la pobreza infantil debe abordarse de manera integral, entendiendo que es un fenómeno multidimensional que va más allá de la falta de ingresos. El Gobierno califica de «imprescindible» reforzar los servicios públicos de salud , educación y cuidados, asegurando que «solo se pueden conseguir marcos inclusivos desde el refuerzo de lo público». «Ningún niño, niña o adolescente debe ver limitado su futuro por su situación económica o habitacional», afirma. Finalmente, subraya la necesidad de avanzar en la garantía de derechos para todos los niños, niñas y adolescentes, prestando especial atención a quienes viven en situaciones de mayor vulnerabilidad, como la infancia tutelada , la infancia migrante no acompañada u otros colectivos en riesgo.
