Comisiones del Senado aprueban ley vs. extorsión con cambios a 15 artículos
Con cambios a 15 artículos, las comisiones unidas de Estudios Legislativos y Justicia del Senado aprobaron, por unanimidad, el dictamen para a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión, y modificaciones a otras; se prevé que hoy se apruebe en el pleno.
Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, explicó que el sentido de la ley es homologar un tipo básico de sanciones para quien sin derecho obligue a otro a dar, hacer o dejar de hacer algo obteniendo un beneficio de lucro.
“Se propone la persecución de oficio del delito de extorsión desde centros penitenciarios; establece procedimientos y tecnologías para la inhibición de llamadas y comunicaciones desde las cárceles”.
El morenista resaltó que el principal cambio es respecto de las penas, pues se aumentó el rango de cinco a 15 años propuesto por la Cámara de Diputados, pues el objetivo de la legislación no es permitir la liberación de personas actualmente presas por el delito, por el principio de ley retroactiva en beneficio de un ciudadano, algo que permitiría excarcelaciones sobre todo en Chihuahua, Morelos y Michoacán.
“Con la finalidad de evitar esa situación se propone aumentar el mínimo propuesto a 15 años de prisión y una sanción máxima de 25 años”, dijo.
Ricardo Anaya, coordinador del PAN, reconoció que cuando el oficialismo tiene apertura se tienen “mejores productos legislativos”.
Guadalupe Murguía, también del PAN, criticó que no se proponga un aumento presupuestal para el combate al delito.
“¿Con qué recursos va a operar el Centro de Atención a Denuncias por Extorsión que tiene a su cargo la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana? Si no asignamos recursos suficientes para el cumplimiento de la ley, esto sólo va a ser un catálogo de buenas intenciones”.
Carolina Viggiano, del PRI, se pronunció por que la ley dé mayor fuerza a las víctimas para fomentar la denuncia, y consideró que el aumento de penas no será suficiente.
Además, perfiló que los jueces y ministerios públicos podrían cambiar el tipo penal a aquellos presuntos delincuentes que tengan dinero para corromperlos. “Lo único que vamos a generar es más corrupción”, alertó.