No sin reproches por la tardanza del Gobierno a la hora de financiar la ley ELA , el Congreso de los Diputados ha convalidado este miércoles el real decreto-ley por el que se establecen ayudas económicas para los cuidados de los afectados por esclerosis lateral amiotrófica y otras enfermedades irreversibles y de curso complejo. El Ejecutivo aprobó esta norma hace algo menos de un mes, a punto de que la ley cumpliera un año en vigor sin que las prestaciones llegaran a los enfermos. Sin embargo, pese a ser convalidado, la llegada de las ayudas no será inmediata, pues ahora las comunidades autónomas tienen que adaptar sus sistemas de dependencia al nuevo real decreto-ley, que crea un nuevo grado de dependencia extrema, el III+. Precisamente, desde la tribuna del Congreso han sido varios los portavoces de los grupos parlamentarios que han afeado que el Gobierno traslade ahora la responsabilidad a las autonomías cuando ha tenido un año entero para definir con ellas cómo llegarían estas prestaciones a los hogares de los enfermos. En esta línea, y tal como contó este medio, las comunidades autónomas manifestaron su malestar al ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, por no haber contado con ellas para la elaboración de este real decreto, generando ahora un caos en sus sistemas de dependencia para que las ayudas económicas lleguen a los pacientes. El Ejecutivo aseguró que los enfermos recibirían hasta 10.000 euros mensuales, pero la mitad de esa cantidad la tendrá que aportar la región en la que resida el afectado. También desde la tribuna del Congreso, varios de los diputados que han intervenido en el debate de esta norma han manifestado su preocupación por que los criterios que definen qué enfermos pueden acogerse a la norma sean excluyentes, algo de lo que en los últimos meses han alertado las asociaciones de pacientes. En el tiempo que lleva la ley en vigor han fallecido ya más de 1.100 enfermos de ELA sin haber recibido las ayudas para sus cuidados domiciliarios. «Los enfermos no tienen tiempo, no entienden de los tiempos burocrático», han destacado los diputados durante el debate, en el que han estado presentes tanto el ministro de Derechos Sociales como la ministra de Sanidad, Mónica García.
