La Justicia argentina pide confiscar los bienes de Cristina Fernández por el "caso Vialidad"
Un tribunal argentino ha solicitado el decomiso de los bienes de la expresidenta Cristina Fernández en el marco del caso Vialidad, en una orden que incluye un inmueble a su nombre y un conjunto de bienes cedidos a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, además propiedades del empresario Lázaro Báez y de su empresa.
El Tribunal Oral Federal número dos de Buenos Aires ha pedido, de este modo, confiscar bienes por un valor total de 684.990 millones de pesos argentinos (algo más de 422 millones de euros), pese a que la exmandataria cuestionó esta medida la pasada semana, argumentando que la fecha de compra de la mayoría de ellos era muy anterior a la existencia de la causa y de los hechos denunciados. Su alegación respondía al anuncio del fiscal de la causa, Diego Luciani, sobre la inminencia del decomiso.
Éste atañe también a los inmuebles de las empresas Ustral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos, Loscalzo y Del Curto, todos ellos adquiridos por los condenados entre mayo de 2003 y diciembre de 2015, según ha indicado el canal argentino Todo Noticias.
Con todo, los jueces han considerado que la medida "se inscribe en la tradición histórica del sistema penal argentino, orientada primordialmente a impedir que el delito comprobado rinda beneficios y a neutralizar los efectos patrimoniales de la conducta ilícita", en aras de inducirle una "función reparadora del daño social causado".
En total, se trata de 20 propiedades que la familia de Cristina Fernández perderá, de las cuales todas menos una están a nombre de los hijos de la expresidenta. Báez, por su parte, perderá más de 80.
Paralelamente, el mismo tribunal ha definido también este martes un nuevo régimen de visitas para la exdirigente, que cumple en arresto domiciliario una condena de seis años de internamiento por haber otorgado obras millonarias en carreteras argentinas a un socio y presunto testaferro durante su gobierno, aunque la expresidenta ha denunciado que es víctima de una persecución política y judicial.
Las nuevas normas limitan la cantidad de visitantes a un máximo de tres o cuatro simultáneos en no más de dos ocasiones por semana. Asimismo, los magistrados han requerido una lista de las personas "que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado", según ha recogido Todo Noticias.