Va a ser la Fiscalía Anticorrupción, y no una asociación 'ultraderechista', la que siente en el banquillo a un exministro de Pedro Sánchez por delitos cometidos mientras pertenecía a su Gobierno. La Fiscalía pide para José Luis Ábalos un total de 24 años de prisión por delitos de organización criminal, cohecho continuado, información privilegiada , tráfico de influencias y malversación, todos cometidos en relación con los contratos para la adquisición de mascarillas y la colocación de mujeres vinculadas con el exministro. Son delitos incrustados en el núcleo del Gobierno de Pedro Sánchez y cometidos con la suficiente frecuencia y planificación como para que la Fiscalía, secundando así al magistrado instructor, vea con claridad que lo que se había formado era un grupo organizado de delincuentes, todo a reserva de la prueba del juicio oral. El resto de la banda no es desconocido tampoco para Sánchez: la Fiscalía pide para Koldo García 19 años y siete para Víctor de Aldama. Pronto se acordará Koldo García de cómo Pedro Sánchez redujo su relación a meramente «anecdótica». Al mismo tiempo que se conocía el duro escrito de acusación de la Fiscalía, se publicaban más detalles de la trama delictiva organizada por Santos Cerdán, con José Ábalos, y directivos de la empresa Acciona. La puesta en libertad de Cerdán no es un indicio favorable para el otrora hombre de absoluta confianza de Sánchez, sino la evidencia de que la UCO y el magistrado que lo investiga han hallado rastros fiables de las comisiones ilegales que se cobraban por adjudicaciones a la constructora. El cuadro de corrupción y delitos que se dibujó ayer en la Sala Segunda del Tribunal Supremo sería inverosímil sin la responsabilidad, al menos 'in vigilando', de Pedro Sánchez. Se trata de dos exsecretarios de Organización del PSOE, uno de ellos exministro, elegidos personalísimamente por Pedro Sánchez por su lealtad ciega, demostrada en las duras y sucias tareas ejecutadas en las primarias socialistas. La opción de que Sánchez nunca, en ningún caso y de ninguna manera supiera de las andanzas de sus hombres de confianza no es admisible, ni siquiera con la mejor voluntad posible. Lo que la UCO y la Fiscalía han aportado, por separado y en procesos distintos, al magistrado instructor de la Sala Segunda es la prueba de una maquinaria delictiva creada, alimentada y activada con ocasión y con motivo del acceso de Pedro Sánchez a la Secretaría General del PSOE, primero, y a La Moncloa, después. La otra opción –quizá compatible con la primera– es aceptar que España tiene un presidente tan inepto que no se entera de los negocios ilícitos de su esposa en su propia casa, ni de la trama de comisiones ilegales y prostitución con sucursales abiertas en la mesa del Consejo de Ministros y la sede socialista de Ferraz. Si Rajoy tuvo que ir a declarar como testigo en un juicio oral y se le echó de La Moncloa por un caso de corrupción municipal, ajeno a su Gobierno y sin condena penal al PP – ahora obligado a eliminar con contundencia toda sombra de sospecha del caso de las mascarillas de Almería –, es razonable pensar que ha empezado la cuenta atrás para que Sánchez sea llamado a declarar por lo que sabía sobre sus hombres de confianza, Ábalos y Cerdán, piezas clave de su ascenso político, de su control sobre el partido y de su investidura pactada con Puigdemont. La presunción de inocencia es una garantía procesal imprescindible para aplicar la ley penal. Pero en la ley política, Sánchez está en el mismo banquillo que Ábalos y Cerdán.
