Simpertigue contra las cuerdas: expertos en comisión revisora de la AC recomiendan “que proceda al juicio político”

Una nueva sesión en la Cámara de Diputados de la Comisión revisora de la Acusación Constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, se realizó con exposiciones de expertos en derecho constitucional que abordaron los fundamentos de la acusación. En el encuentro se respaldó el proceder del Congreso Nacional con este texto acusatorio.

El libelo, ingresado por la bancada oficialista encabezada por los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini, consta de tres capítulos. El primero, apunta a falta a la probidad, abstención e imparcialidad de Simpertigue en el litigio del consorcio bielorruso Belaz-Movitec contra Codelco; el segundo, señala supuestos conflictos de interés en nombramientos notariales; y el tercero, lo acusa por su conducta en el caso Fundamenta.

Entre los invitados que expusieron en esta jornada, comenzó su presentación el exministro de Justicia, Isidro Solís. El abogado analizó las infracciones perseguidas por la acusación, apuntando a los límites y responsabilidades de la magistratura. “Hay pocos entidades que tengan el poder que ejerce un magistrado”, expuso Solís. El abogado mencionó los tres elementos esenciales del ejercicio judicial: la independencia, la imparcialidad y la integridad.

El experto remarcó que uno de los deberes de los magistrados es abstenerse de casos en los que pueda verse involucrado con alguna de las partes. “Un juez debe inhabilitarse siempre cuando ocurra cualquier causal que comprometa aquellos elementos que son centrales: su objetividad y su independencia”, recalcó el exministro.

En su análisis de la acusación constitucional, Isidro Solís dio cuenta de que en los capítulos uno y tres “sin entrar a la exigencia de la prueba perfecta, o plena, la sola realización de determinados actos constituyen abandono de parte de estos deberes”.

En segunda instancia expuso el abogado y Magíster en Derecho de la Universidad de Chile, Álvaro Fuentealba, quién reforzó la idea respecto de la independencia de los jueces. Asimismo, detalló que casos que se han reiterado en el Poder Judicial en los últimos años, como el de Simpertigue, afectan al acceso igualitario a la justicia.

“Cuando un juez incumple sus deberes de probidad, imparcialidad, independencia (…) lo que está pasando es que se niega a los habitantes de la República el acceso a un tribunal. No solo a la igualdad ante la ley, sino que también a las garantías del racional y justo procedimiento de investigación”, describió Fuentealba.

Respecto de los tres capítulos, Fuentealba afirmó que “podría deslizarse que hay incumplimientos manifiestos de las obligaciones básicas de los magistrados”.

En su pronunciamiento acerca del fondo de la acusación, el abogado señaló que hay “conductas recurrentes” de Simpertigue con los abogados que participan de los juicios en cuanto a viajes en cruceros. Así, se cuadró con Solís acerca de la inhabilidad que debió adoptar el ministro de la Corte Suprema. “El deber básico del juez es, si es que no aparece claramente la implicancia, poner en conocimiento de las partes y de los colegas de su tribunal la situación que afecta su imparcialidad”, remarcó.

“Procedería a mi juicio la imputación de responsabilidad constitucional para que proceda al denominado juicio político ante el Senado de la República”, indicó el abogado sobre su recomendación a la comisión revisora.

Por otro lado, Marcelo Acevedo, presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales, dio una perspectiva del interior del Poder Judicial y los casos de corrupción en tribunales que se han revelado en los últimos meses. Indicó que los capítulos uno y tres marcan “causas relevantes y precisas en como la probidad administrativa, la independencia judicial y la imparcialidad se ven afectadas”.

“Ya no estamos hablando de la corrupción de un funcionario judicial cualquiera, sino que estamos hablando efectivamente de una escala mayor. Donde algunos de los ministros de la Corte Suprema tienen relaciones con algunas personas, y que los fallos que ellos dictan tienen grados de no objetividad y, por supuesto, degrada la independencia judicial”, manifestó.

El funcionario del Poder Judicial manifestó que es un contexto preocupante pero que abre la puerta a una reforma que permita establecer una mayor probidad administrativa así como una reforma al sistema de nombramientos.

La presidenta de la comisión revisora, la diputada Maite Orsini (Ind), anunció como acuerdo de la instancia que se esperará a la respuesta de Simpertigue (hasta este sábado) y se le invitará, o a un representante de su defensa, para que exponga este martes 9 de diciembre. De esa manera, la instancia espera votar ese mismo día y despachar el informe para que la Sala de la Cámara Baja pueda votarlo el miércoles 10 de diciembre.