Esto dice el TSE sobre la negativa de la Asamblea sobre levantar inmunidad a Rodrigo Chaves
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se pronunció ante la decisión de la Asamblea Legislativa de no levantar la inmunidad al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, para ser investigado por denuncias de supuesta beligerancia política.
Por medio de un comunicado de prensa enviado al final de la tarde de este martes, el TSE afirmó que respeta la decisión del Poder Legislativo, “la cual, a diferencia de la valoración técnico-jurídica de los jueces electorales, puede incorporar otro tipo de consideraciones de coyuntura y conveniencia”.
El Tribunal manifestó que lo visto en los últimos días ratificó la competencia del TSE para investigar la beligerancia política.
“Celebra que tanto con la admisión a Comisión, como con el informe de mayoría de esta, el pronunciamiento de Servicios Técnicos y la propia votación de hoy, se haya ratificado la competencia del TSE para investigar y sancionar el ilícito de beligerancia política, y para solicitar, cuando sea necesario, el levantamiento de la inmunidad de los funcionarios denunciados”, cita el comunicado.
¿Qué sucederá ahora?
El Tribunal indicó que el proceso sancionador por beligerancia queda temporalmente suspendido y se reiniciará “cuando la inmunidad del señor Chaves Robles decaiga, una vez finalizado su mandato presidencial el 8 de mayo próximo”.
El TSE había solicitado el levantamiento del fuero de inmunidad porque declaró admisibles ―con base en una investigación preliminar― 15 denuncias por beligerancia política contra Chaves. Al tratarse de una persona que goza de un fuero de protección, se requiere que la Asamblea Legislativa le levante esa inmunidad por mayoría calificada de sus miembros para continuar la investigación.
La beligerancia no es un delito, pero sí un acto ilícito. Ocurre cuando los funcionarios públicos incumplen con su deber de imparcialidad político-partidaria constitucional y favorecen, con sus palabras o acciones, a un candidato.
Se sanciona con la destitución del cargo y la inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por un periodo de dos a cuatro años.