Empresas que han aparecido en las investigaciones del caso Koldo están perdiendo contratos
- El origen económico del caso Koldo
- Impacto económico en las empresas investigadas
- Repercusiones económicas indirectas
Empresas vinculadas al entorno del denominado caso Koldo reconocen estar atravesando una situación económica complicada y una reducción de su actividad. Así se desprende de conversaciones internas a las que ha tenido acceso El Chivato, en las que un directivo de una de las sociedades relacionadas con el caso explica sin tapujos: “La empresa está en un momento financiero muy malo y no podemos afrontar más gastos”.
Estos mensajes reflejan tensiones de tesorería y limitaciones para asumir nuevos compromisos económicos. Una situación que se ha acelerado nada más salir a la luz pública que estas compañías están inmersas en este proceso. Al estar en el foco están perdiendo contratos.
El origen económico del caso Koldo
El caso Koldo tiene su origen en una investigación judicial sobre adjudicaciones públicas de contratos de compra de material sanitario, principalmente mascarillas, durante la pandemia de COVID-19. Según la información publicada, una de las mercantiles investigadas facturó más de 54 millones de euros a través de al menos ocho contratos firmados con distintas administraciones públicas, con unos beneficios estimados en torno a 17 millones de euros.
La investigación se inició tras una denuncia por posibles irregularidades en la concesión de estos contratos y se ha ido ampliando con el análisis de incrementos patrimoniales y operaciones societarias relacionadas con los investigados.
Impacto económico en las empresas investigadas
Los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han vinculado a varias empresas al presunto cobro de comisiones derivadas de adjudicaciones públicas investigadas en el denominado caso Koldo. Entre ellas figura Servinabar 2000 S.L., sociedad cuya actividad, según la documentación incorporada a la causa, habría dependido en gran medida de ingresos procedentes de contratos con grandes constructoras.
Los investigadores sitúan también bajo el foco a Acciona Construcción, una de las principales compañías del sector en España, presuntamente favorecida con adjudicaciones públicas en cuyo entorno se analizan posibles pagos o comisiones irregulares.
Junto a estas, aparecen Obras Públicas y Regadíos (OPR) y Levantina Ingeniería y Construcción (LIC), firmas especializadas en obra pública cuyos contratos están siendo examinados por la UCO. Asimismo, los informes policiales mencionan a sociedades vascas como Noran Coop y Erkolan, que, según los investigadores, podrían haber sido utilizadas como vehículos para el desvío de fondos o el cobro de comisiones.
En conjunto, la UCO sostiene que varios empresarios e intermediarios habrían obtenido beneficios económicos vinculados a estas adjudicaciones, especialmente durante la pandemia, lo que ha intensificado el análisis judicial sobre la relación entre actividad empresarial y contratación pública en ese periodo.
Repercusiones económicas indirectas
El desarrollo del caso ha generado un mayor escrutinio sobre la gestión de contratos públicos, lo que puede influir en la planificación futura de empresas que dependen de licitaciones. Este contexto ha reabierto el debate sobre los mecanismos de control, supervisión y adjudicación en situaciones de emergencia.