La ONU denuncia la muerte de más de 100 civiles por ataques con drones en Sudán
El cielo se desploma sobre las cabezas de los sudaneses. Suena un zumbido al que sigue una explosión. Son los drones kamikaze, que se han convertido en una pieza central del conflicto entre el Ejército sudanés (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en una guerra que hace casi tres años que desmiembra a su sociedad. Sin embargo, la huella más evidente de estos aparatos no está en el entorno militar, sino en los hospitales, las escuelas y los barrios donde la gente es continuamente bombardeada por estas máquinas infernales.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU informó esta semana de que al menos 104 civiles, incluidos 43 niños, murieron en ataques con drones en la región de Kordofán desde el 4 de diciembre de 2025. Pero la preocupación internacional no se limita al número de asesinados. La ONU señaló también que los impactos alcanzaron infraestructura civil crítica, como hospitales y una guardería, lo que significa que los drones ya no son en Sudán un arma operativa, sino una herramienta de amenaza que puede caer sobre espacios que deberían estar protegidos por el derecho internacional.
Nueve días después del inicio de esta cadena de ataques en Kordofán, la guerra golpeó también a quienes, en teoría, están en Sudán para contenerla. Porque un dron alcanzó una base logística de la ONU en Kadugli el 13 de diciembre de 2025 y mató a seis cascos azules de Bangladesh e hirió a ocho más, según informó AP. Eran miembros de la misión UNISFA desplegada en torno a Abyei, una zona disputada entre Sudán y Sudán del Sur en un escenario donde la odiosa disputa por la tierra se ha vuelto una costumbre. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el ataque, calificándolo como un acto “horrible”, y advirtió de que podía constituir un crimen de guerra.
Pero ¿a quién culpar? La autoría del ataque ha quedado envuelta en el patrón habitual de este conflicto: el ejército sudanés culpó a la RSF, las RSF culparon al ejército sudanés y la falta de investigaciones independientes inmediatas dificultan fijar las responsabilidades adecuadas.
Asesinatos rutinarios
Más allá de Kordofán, los drones han ido dejando un rastro de muertes civiles. Inocentes que mueren a causa de los drones, la artillería, los combates urbanos, las ejecuciones sumarias, el hambre y las masacres. En Darfur, especialmente en torno al Fasher, se registraron a lo largo del mes de octubre ataques continuados sobre infraestructura civil a manos de las RSF. Múltiples proyectiles cayeron en aquellas fechas sobre objetivos no militares. Activistas locales hablaron ese mes de al menos 60 muertos como consecuencia de los ataques con drones y artillería sobre varias zonas de la capital de Darfur Norte.
Aunque los drones ya habían alcanzado antes instalaciones médicas sudanesas. El 13 de diciembre de 2024, según un funcionario sanitario local y activistas, un dron disparó cuatro misiles contra el principal hospital del Fasher, causando nueve muertos y 20 heridos. En enero de 2025, otro ataque con aviones no tripulados cayó sobre el Saudi Teaching Maternal Hospital, también en el Fasher, dejando un balance de al menos 70 muertos. Y se repiten ataques similares en Puerto Sudán, en Jartum, en áreas remotas donde el ruido de los combates, aunque ensordecedor para quienes los viven, se mitiga y se silencia por la falta de acceso de periodistas y organismos internacionales.
¿De dónde vienen los drones sudaneses?
La pregunta inevitable es quién alimenta esta guerra aérea e indiscriminada. Los drones son de origen extranjero y las rutas de suministro resultan opacas. Sin embargo, en el caso de la RSF, Reuters aportó recientemente un dato muy concreto por medio de una investigación propia: demostró el uso de drones CH-95 de fabricación china desde el aeropuerto de Nyala, en Darfur, y respaldó sus acusaciones con análisis de imágenes satelitales y observaciones sobre la actividad registrada en la pista y hangares. Dichos aparatos son entregados a los paramilitares por medio de Emiratos Árabes Unidos, que es el mayor proveedor de armas de este bando y quien se encarga de gestionar los envíos de material militar chino.
En el lado del Ejército sudanés, las referencias más sólidas sobre suministro de drones apuntan a la incorporación de aparatos de fabricación turca Bayraktar TB2 en las fases tempranas de la guerra. Una primera partida de TB2 fue entregada en el mes de septiembre de 2023, en una operación en la que Egipto habría actuado como intermediario logístico (igual que EAU con China). Desde entonces, analistas y medios regionales han vinculado el uso de drones por parte del ejército sudanés a ese suministro inicial, situándolo en el contexto de la cooperación militar entre Ankara y Jartum previa al conflicto, que incluía acuerdos de formación y asistencia técnica. A esto se suman otros posibles proveedores, entre los que se incluye Irán y sus temidas máquinas de tipo Mohajer y Ababil.
China, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Turquía e Irán. Estos son los nombres que señalar cuando leemos sobre civiles que mueren bajo el silencio de los drones. Y su participación en el conflicto, aunque sea indirecta, muestra el cúmulo de intereses incrustados en la guerra de Sudán y la escasa relevancia de Occidente en este conflicto sangriento.