Las instituciones plantan cara al Gobierno y convocan el Premio Nacional de Tauromaquia 2025 en el Senado
La Tauromaquia se niega a ser silenciada. En 2025, el Premio Nacional de Tauromaquia volverá a entregarse en el Senado, en un contexto político y cultural en el que el galardón ha pasado de ser una herramienta estatal de reconocimiento a convertirse en una bandera de resistencia frente a la exclusión ideológica. Lo que comenzó como un ataque institucional ha derivado en una respuesta coral de respaldo a una expresión cultural legítima, viva y protegida por ley.
El premio fue suprimido oficialmente en mayo de 2024 por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, en un gesto que fue interpretado de forma unánime por el sector como un acto de censura. La reacción fue inmediata y transversal. Administraciones autonómicas, organismos públicos y la Fundación Toro de Lidia tomaron la iniciativa para mantener viva una distinción que reconoce los méritos de quienes contribuyen al mundo del toro desde todos los frentes: artístico, profesional, ganadero o intelectual.
Este 2025 se suma a la convocatoria la Ciudad Autónoma de Melilla, ampliando a doce el número de entidades comprometidas con el premio. Junta de Andalucía, Cantabria, Región de Murcia, Comunitat Valenciana, Gobierno de Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla y León, el Senado y la Fundación Toro de Lidia completan un bloque institucional que actúa sin complejos, al margen de la postura del Gobierno central. Y lo hacen con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad: la Tauromaquia no se esconde ni se justifica; se defiende, se promueve y se reconoce.
El acto de entrega, que tendrá lugar en el Senado por segundo año consecutivo, adquiere un valor simbólico y político evidente. El edificio donde se representa la soberanía nacional acogerá de nuevo un premio que ha dejado de depender de la voluntad de un ministerio para volver a manos de quienes sí reconocen su valor cultural. Es, en el fondo, una afirmación de autonomía: si el Estado da la espalda, el mundo del toro sigue caminando.
Pero este respaldo no se basa solo en convicciones personales o sensibilidad artística. La legalidad respalda esta posición. La ley 18/2013, aprobada por amplia mayoría en el Congreso de los Diputados, declaró la Tauromaquia como patrimonio cultural de todos los españoles. Una norma aún vigente que obliga a las administraciones a protegerla, conservarla y promoverla. El artículo 46 de la Constitución Española lo refuerza: los poderes públicos deben velar por el patrimonio cultural de los pueblos de España. La Tauromaquia, guste o no, forma parte de ese patrimonio.
La sentencia del Tribunal Constitucional de octubre de 2016 es clara: la Tauromaquia tiene carácter cultural, y su reconocimiento legal no depende de que haya consenso social sobre ella. Existe, se representa, se transmite y se defiende. Por eso, el Premio Nacional de Tauromaquia sigue adelante, con más legitimidad que nunca. No es solo un trofeo: es un mensaje a quienes han querido borrar el arte del toro de la vida pública.
En 2024, el premio fue compartido por la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia y el cineasta Albert Serra, dos perfiles distintos que ilustran la pluralidad de aportaciones que caben bajo el paraguas de esta expresión cultural. Para 2025, aún no se conocen los galardonados, pero el marco está claro: la Tauromaquia ha dejado de esperar permiso y ha pasado a tomar la palabra. Y lo hace desde uno de los espacios institucionales más emblemáticos del país.
Mientras una parte del poder político pretende invisibilizarla, otra parte —más amplia de lo que algunos esperaban— decide darle voz. El premio del Senado no es una concesión: es una reivindicación. Es la constatación de que la Tauromaquia no necesita justificación, sino visibilidad. Y sobre todo, que la cultura no se legisla por decreto: se reconoce por su fuerza, su historia y su arraigo.