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Rectores advierte que fusión MESCYT–MINERD no garantiza mejorar la educación

El Dia 

Este artículo fue publicado originalmente en El Día.

Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Rectores de Universidades (ADRU) expresó su posición institucional frente al Proyecto de Ley Orgánica que propone la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el Ministerio de Educación (MINERD), al advertir que una fusión administrativa, por sí sola, no garantiza la transformación del sistema educativo ni el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el país.

En un documento sustentado en un análisis técnico del proyecto legislativo, la revisión de las leyes vigentes y la evaluación del estado actual del sistema educativo dominicano, la ADRU reconoció la potestad del Estado de reorganizar su estructura administrativa, pero subrayó que estos procesos deben diseñarse con rigor, preservar los logros alcanzados y fortalecer la institucionalidad del sistema educativo y científico nacional.

La entidad consideró que cualquier reforma debe concebirse como una reconfiguración integral del Sistema Nacional de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, orientada al desarrollo basado en el conocimiento, la innovación y la transferencia tecnológica.

En ese sentido, propuso avanzar hacia una Ley General de Educación y Ciencia que articule de manera coherente todos los niveles educativos con la producción científica y las necesidades estratégicas del desarrollo nacional.

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Advierten ambigüedades legales y concentración de decisiones que podrían afectar la calidad educativa

La ADRU sostuvo que la educación superior no puede ser tratada únicamente como un nivel más del sistema educativo, sino como un subsistema estratégico con funciones claramente definidas, entre ellas la formación profesional de calidad, la investigación científica y la vinculación y extensión universitaria.

Alertó que la ausencia de una arquitectura institucional robusta para la ciencia, la tecnología y la innovación representa un riesgo para la competitividad y el desarrollo del país.

Uno de los principales puntos de preocupación señalados por la Asociación es la autonomía universitaria, reconocida por la Constitución.

Aunque el proyecto de ley la menciona, la ADRU advirtió que algunas formulaciones introducen ambigüedades jurídicas que podrían afectar el ejercicio pleno de las funciones universitarias, por lo que insistió en que dicha autonomía debe estar claramente protegida y armonizada con mecanismos de rendición de cuentas y aseguramiento de la calidad.

Asimismo, cuestionó el modelo de gobernanza propuesto, al considerar que la supresión del Consejo Nacional de Educación y del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (CONESCyT), para ser sustituidos por un órgano consultivo, debilita la gobernanza democrática y concentra la toma de decisiones en una sola instancia.

La ADRU defendió un modelo de gobernanza plural, colegiado y participativo, con representación efectiva de la comunidad académica y científica.

En materia de calidad, la Asociación reiteró la necesidad de separar de forma clara las funciones de regulación, evaluación y acreditación, y planteó la creación de una agencia autónoma de acreditación para la educación superior, conforme a estándares internacionales.

Sobre la articulación entre niveles educativos y el financiamiento, la ADRU subrayó la importancia de fortalecer la conexión entre las distintas modalidades del sistema, reconocer la educación técnico-profesional y promover trayectorias formativas flexibles, en consonancia con el Marco Nacional de Cualificaciones. Indicó que estos objetivos requieren un financiamiento adecuado, oportuno y sostenible, sustentado en reglas claras y compromisos verificables.

En sus conclusiones, la ADRU reiteró que la educación superior, la ciencia, la tecnología y la innovación deben ocupar un lugar central en la estrategia nacional de desarrollo, y exhortó al Congreso Nacional y al Poder Ejecutivo a abrir un amplio espacio de diálogo y concertación que permita convertir la reforma del sistema educativo en una verdadera política de Estado orientada al desarrollo sostenible y basado en el conocimiento.

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