El caso de las denuncias por acoso sexual se le está torciendo por días al PSOE. Al escándalo por su doble lenguaje sobre la mujer se une ahora el procedimiento que ha abierto la Autoridad Independiente de Protección del Informante por la gestión irregular de esas denuncias en el canal interno creado para recibir quejas anónimas por infracciones penales o administrativas. Una directiva europea de 2019, desarrollada por una ley española de 2023, impuso ese cauce para que toda organización pública o privada ofreciera un mecanismo reservado de denuncias por comportamientos irregulares de sus miembros . Lo que tiene que ser una oportunidad para mejorar el gobierno corporativo y para soslayar los efectos disuasorios que la publicidad tiene sobre los denunciantes –sean o no víctimas– no puede mutar en una lavadora interna de trapos sucios. Esto es en lo que el PSOE ha pretendido convertir su canal de denuncias: un callejón sin salida para las denunciantes y un premio de silencio para el denunciado.
