El desafío compartido de la migración latinoamericana
La migración se ha convertido en uno de los fenómenos más determinantes de la América Latina contemporánea. Y, en contextos electorales, este fenómeno suele elevarse al debate público de forma manipulada.
Se generalizan hechos delictivos, se construyen estigmas y se presenta a la población migrante como una amenaza, ignorando, muchas veces de forma deliberada, la evidencia empírica. El caso venezolano es un caso importante sobre ello.
Según la cátedra de migraciones de la Universidad del Pacífico, actualmente residen en el territorio nacional más de 1,6 millones de venezolanos. En otras palabras, casi el 5 % de la población del país.
Este flujo ha generado tensiones reales, sobre todo en el corto plazo. Negar estos efectos sería un error. Sin embargo, convertirlos en un relato de criminalización colectiva es un despropósito.
Más aún, el debate público suele omitir el aporte de la migración. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM, 2024), los migrantes venezolanos inyectan alrededor de 530 millones de dólares anuales a la economía peruana. La OIM estima, además, que cerca del 96 % de ese gasto se realiza dentro del país.
En el mismo sentido, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo coinciden en que, con políticas adecuadas de integración laboral, el impacto positivo sobre la productividad y el crecimiento podría ser aún mayor (BM, 2019; BID, 2020).
El problema, por tanto, no es la migración, sino su mala gestión. América Latina enfrenta este desafío de manera fragmentada, sin una gobernanza regional acorde a un fenómeno que es, por definición, transnacional.
Esta realidad se vuelve más clara cuando también miramos la emigración peruana en los últimos cinco años. Entre 2019 y 2024, más de 600 mil peruanos han emigrado al extranjero, impulsados por la búsqueda de mejores oportunidades económicas y educativas. Este flujo de salida refleja que la movilidad no es unidireccional y que el Perú, al igual que muchos países de la región, enfrenta simultáneamente desafíos migratorios.
La historia latinoamericana es una historia de movilidad. Convertir la migración en una oportunidad de desarrollo compartido exige abandonar la manipulación electoral y apostar por políticas basadas en evidencia. Criminalizar al migrante es una apuesta segura al deterioro social y alimento para el surgimiento de nuevos sectores precarizados que pueden empeorar la situación de inseguridad social.