Absuelto un exconcejal de Urbanismo de Tarragona tras 27 años imputado: "Han fallado todos los resortes del sistema judicial"
El tribunal califica de "desmesurado, irracional e ilógico" el retraso que ha acumulado la causa del Parc Central, que juzgó el año pasado unos hechos ocurridos hace tres décadas
El retraso para juzgar despidos, deudas y actos de la administración se cronifica: “Así no podemos seguir”
“Faltan adjetivos para calificar la situación en la que se hallan las personas acusadas en el presente procedimiento (amparadas, no lo olvidemos, por el derecho a la presunción de inocencia) como consecuencia de la prolongación de un procedimiento que se inició allá por el año 1997, es decir, hace ahora más de veintisiete años”.
Pocas veces los jueces son tan claros a la hora de admitir el mal funcionamiento de la Justicia. El tribunal de la Audiencia de Tarragona lo es en la sentencia por la que ha absuelto a tres acusados, entre ellos el exconcejal de Urbanismo de Tarragona Àngel Fernández, acusados de prevaricación y tráfico de influencias en un caso conocido como Parc Central, de unas supuestas irregularidades que han resultado irrelevantes penalmente.
No se ahorran adjetivos los magistrados a la hora de lamentar el retraso del asunto. “Desmesurado, irracional, ilógico etc., no sirven para colmar la definición de un procedimiento en el que han fallado todos los resortes del sistema judicial”, zanjan. El sumario del caso constaba de más de 30.000 páginas.
El juicio empezó en septiembre de 2024, pero el caso ya acumulaba un retraso con pocos precedentes en España: la fase instructora se prolongó durante más de quince años, y la fase intermedia antes del juicio se prolongó “durante otros tantos años”, expone el tribunal. Los hechos ocurrieron hace 30 años.
Los ahora absueltos estaban acusados de un delito continuado de tráfico de influencias con un delito continuado de prevaricación y de blanqueo de capitales, hechos. La causa juzgaba la compraventa de unos terrenos donde posteriormente se construyó un gran centro comercial de la sociedad vasca Eroski, el Parc Central.
Los tres estaban acusados de haber intervenido en decisiones administrativas para el desarrollo y la gestión del proyecto del centro comercial Parc Central al margen de la legalidad, pero el tribunal rechaza que exista prueba suficiente para condenarles.