Sospechas y miedo por los «soplos» en las causas de corrupción
Los casos de corrupción destapados por la Guardia Civil y la Policía Nacional están aflorando una tendencia preocupante. Los agentes encuentran cada vez más señales que sugieren que los investigados han sido avisados de que estaban bajo el radar. Conversaciones, medidas de seguridad, actitudes fuera de lo común, cambios en sus rutinas... Las evidencias de que los sospechosos saben que van detrás de ellos son cada vez más.
Los últimos casos dan fe de ellos. En la investigación sobre el posible blanqueo de la aerolínea Plus Ultra, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detectó que uno de los empresarios detenidos, Julio Martínez, había borrado mensajes de su teléfono móvil antes de ser detenido.
En el caso de la «trama» de Leire Díez, la exmilitante socialista, el juez dejó en su escrito de hechos que «los investigados habrían adoptado medidas de seguridad para garantizar la más estricta discreción y confidencialidad de sus actuaciones». Las detenciones por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se precipitaron al notar que el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, había detectado seguimientos. Momentos antes de su arresto, realizó movimientos sospechosos con su coche, intentando despistar a los agentes. A su socia Leire Díez la detuvieron en un atasco en pleno Paseo de la Castellana, en Madrid, ante el riesgo de que pudiese huir.
«En todos lados cuecen habas», resume un mando uniformado. En la cúpula de la Policía hay un «enorme cabreo» por ciertas informaciones que esta semana han lanzado medios digitales sobre una posible «politización» de las unidades investigadoras y de hacer una «voladura controlada» del caso Plus Ultra por, presuntamente, estar relacionado con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y en especial el enfado viene con la Guardia Civil, a quienes varios altos mandos acusan de «intoxicar» a la prensa en esta línea.
«Quieren que esto parezca otro Faisán», alude otra fuente consultada, en referencia al «chivatazo» que mandos del Ministerio del Interior dieron en 2006 a la banda terrorista ETA sobre una operación policial inminente.
La realidad es que las sospechas sobre la filtración de información no excluyen a ningún cuerpo policial ni de inteligencia. Las grietas se presentan en cada casa, da igual los cimientos que tengan. En el conocido «caso Koldo», los implicados afirmaron en más de una ocasión que sabían que estaban bajo investigación. El exasesor ministerial que da nombre al caso, Koldo García, dijo a uno de los investigados que no utilizase la aplicación Telegram para contactarle: «Que no se preocupe, que lo sé todo», le aseguró, en referencia a que conocía que existían diligencias contra él. Su interlocutor, Rogelio Pujalte, responsable de un depósito judicial en Murcia, le respondió: «Yo cuando me dicen de ti, pues lo primero que hago es ponerme en contacto».
Incluso el exministro José Luis Ábalos, en una entrevista antes de entrar en prisión, llegó a decir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le avisó de la investigación meses antes de las detenciones cuando existía secreto de sumario en la Audiencia Nacional.
La sensibilidad de las causas que analizan la Guardia Civil y la Policía Nacional ha creado una sensación de persecución interna, de duda sobre cada agente por averiguar qué datos salen de las unidades de investigación.