Defensoría de las Víctimas: Gobierno nombra a Patricia Muñoz y oposición denuncia “amarre”
Según diversos trascendidos, el gobierno habría nombrado a la abogada Patricia Muñoz García como la primera directora del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos, entidad promulgada el 5 de noviembre pasado. La oposición criticó la medida como un nuevo “amarre“.
Desde el Ministerio de Justicia, del que dependerá la Defensoría de víctimas, afirmaron que la designación “se informará en el momento oportuno”. Muñoz se desempeñó previamente como defensora de la niñez y presenta un embarazo de siete meses, lo que, según la oposición, retrasaría significativamente su incorporación al nuevo cargo.
RN recurre a Contraloría por legalidad y eficacia
La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ingresó un oficio ante la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad y eficacia administrativa del nombramiento de Patricia Muñoz.
El jefe de bancada, Frank Sauerbaum, señaló que “el Presidente Boric y la izquierda denunciaron por años lo que denominaron las ‘leyes de amarre’ de Pinochet, y ahora resulta que se ponen a la misma altura. El Presidente Boric lamentablemente deja el gobierno por la puerta chica y dando señales de un liderazgo chico, sin visión de Estado”.
En el documento, los parlamentarios advierten que la designación se realizó pese a que la autoridad nombrada se encuentra en estado de embarazo avanzado, lo que implica que estará con licencia médica por un período que podría extenderse al menos por seis meses.
El oficio subraya que esta situación “genera una desventaja desde el punto de vista institucional y del buen servicio”, especialmente tratándose de un organismo nuevo, cuya etapa de instalación requiere una conducción directa y liderazgo institucional efectivo.
La subjefa de bancada, Carla Morales, precisó que “la Defensoría de las Víctimas es un órgano que se persiguió por años y que responde no solo a una necesidad en el marco de la crisis de seguridad, sino incluso a un mandato constitucional. Este gobierno no solo nos deja esta crisis, sino que además juega con las víctimas y las pone en segundo plano para darse un gusto y apernar a los amigos”.
Cuestionamiento al pago de remuneraciones
Los diputados RN también advierten sobre la legalidad de la remuneración: “las remuneraciones se devengan desde el día en que el funcionario asume efectivamente el cargo”, por lo que la existencia de una licencia médica preexistente al inicio de las funciones “obsta tanto al perfeccionamiento del vínculo estatutario como al pago de estipendios con cargo a fondos públicos”.
Finalmente, la bancada de Renovación Nacional solicita a la Contraloría que evalúe si el nombramiento resulta compatible con los principios de eficiencia, continuidad y buen funcionamiento de la administración pública, particularmente en un servicio que debe ponerse en marcha en una etapa crítica para el país.