Plataforma per la Llengua y una decena de entidades han presentado este mes de diciembre el informe anual que recoge casos de presunta discriminación lingüística en la Comunidad Valenciana, en el que en esta ocasión se incluyen diferentes quejas a los Cuerpos y Fuerzas y Seguridad del Estado, como la Guardia Civil y la Policía Nacional. El informe anual sobre «vulneraciones de los derechos lingüísticos» de 2025 presentado por Escola Valenciana y la autodenominada 'ONG del Catalán' da cuenta de hasta 153 casos de «discriminaciones» supuestamente sufridas por los hablantes valencianos, un problema que aseguran haberse agravado en los colegios por la ley de libertad educativa. No obstante, también hay especial relevancia en el desempeño de los agentes policiales y de la Guardia Civil. Según una de las denuncias aportadas en el citado documento, presentado ante el Síndic de Greuges -el equivalente del Defensor del Pueblo valenciano-, un efectivo de la Benemérita habría obligado a un conductor a hablar en español y no en valenciano . «Un guardia civil se le acercó en la salida de un parking, donde estaba esperando, para decirle que estaba obstaculizando el paso», relata la queja al agente del instituto armado. «El conductor le repitió varias veces en valenciano que los coches estaban saliendo pero el agente le dijo que no le entendía». Finalmente, señala que le instó a cambiar su idioma: « Soy la autoridad y me tienes que hablar en español ». Otro caso que se describe en el informe es el vivido en un control rutinario en la localidad castellonense de Vinaròs, donde un conductor explica que discutió con un agente tras intercambiar frases en castellano y en catalán mientras le pedía la documentación. «Mientras coge mis documentos, me pide ¿puede hablar en castellano?, y yo le contesto, con aire seguro pero despreocupado: no». Sigue: «El agente encaja mi 'no' con una ligera crispación y me dice, sin perder las buenas formas, no obstante: 'Muy bien, ahora bajará del coche y me abrirá la puerta de detrás'». Tras atender las indicaciones de los guardias civiles, revisaron el interior del vehículo y tras «varias preguntas rutinarias», le dijeron que se podía marchar. Sin embargo, quiso decirles una última cuestión sobre el cruce de opiniones sobre el uso del idioma: «En ese momento, aprovecho para decirles que no sólo no tengo la obligación de hablarles en castellano, ya que estamos en el País Valenciano y la lengua propia del país es la catalana, sino que ellos, como miembros del servicio público, están obligados a -como mínimo- comprenderlo e incluso deberían de contestarme en mi lengua». «Me preguntan que en qué sitio está estipulado que ellos deben hacer eso y afirman que son representantes del Estado español, cuya lengua oficial es el castellano y es el que tienen que usar en todo el país», objetan los representantes de la autoridad. «Yo les contesto que la Constitución dice que el castellano es la lengua oficial del Estado , pero también reconoce que hay regiones con lenguas propias que se deben proteger y respetar», replica el catalanohablante. «También les explico que el Estatuto de Autonomía del País Valenciano también establece el derecho a ser comprendido en mi lengua, que es el catalán», subraya. Al final, trató de pedirles su número de identificación: «Esta última pregunta la hago en castellano y el agente me dice '¡Ah! ¿Ahora sí que me entiende?», a lo que contestó: « Yo entiendo todo el rato, el que no me entiendes eres tú . Llegado a ese punto, me hace gesto de que me marche y me voy a casa».
