El grito de guerra de la protesta asiática: una bandera pirata que subvierte nacionalismos y derriba privilegios
En las atestadas avenidas de Daca, la capital bangladesí, la violencia y el duelo colectivo estalló de nuevo con la muerte de Sharif Osman Hadi. Este portavoz de treinta y dos años, cuyas proclamas resonaban como la más clara de la insurrección que expulsó a Sheikh Hasina dieciocho meses atrás, cayó acribillado al salir de una mezquita. Los atacantes, enmascarados y presuntamente conectados al ala estudiantil prohibida de la Liga Awami, huyeron hacia India. El activista resistió varios días en un hospital de Singapur antes de sucumbir. Su cortejo fúnebre, vigilado por soldados visiblemente tensos, atrajo a decenas de miles de personas que, horas antes, incendiaron las redacciones de "Prothom Alo" y "The Daily Star" —acusados de servir intereses extranjeros— y saquearon centros culturales. Muhammad Yunus, el economista galardonado con el Nobel que dirige el gobierno interino desde la masacre de julio de 2024 —cuando más de mil quinientos manifestantes perdieron la vida al reclamar contra cuotas laborales heredadas—, decretó luto nacional, movilizó tropas y atribuyó el desorden a fuerzas ocultas.
La transición hacia las elecciones de febrero próximo avanza con paso incierto, en medio de ejecuciones sumarias que no han cesado, mientras el ejército observa con recelo y la lentitud en las reformas alimenta una desconfianza cada vez mayor. Aquel verano, cuando estudiantes furiosos y sin jerarquías visibles lograron derribar un régimen de quince años, no fue más que el comienzo de algo mucho mayor.
La onda expansiva llegó al Himalaya con una violencia que aún resuena. En septiembre, Nepal vivió cuarenta y ocho horas de caos. Una campaña viral bajo el hashtag #NepoBaby sacó a la luz la ostentación obscena de los hijos de los políticos —con jets privados o fiestas en Dubái— en un país cuyo ingreso medio anual apenas supera los mil cuatrocientos dólares y donde la juventud emigra en masa por ausencia de oportunidades. Acorralado, el primer ministro K. P. Sharma Oli vetó veintiséis plataformas digitales. La respuesta fue radical, ya que las calles se llenaron de barricadas, estallaron tiroteos policiales y el balance resultó devastador. Diecinueve muertos solo el 8 de septiembre; setenta y seis en total. Comisarías asaltadas, catorce mil presos liberados en motines, el palacio legislativo envuelto en llamas. Oli presentó su renuncia.
En un canal de Discord con diez mil miembros, autodenominado “Juventud contra la Corrupción”, los manifestantes eligieron a la exmagistrada suprema Sushila Karki como líder provisional, la primera mujer en ocupar ese puesto. Ella prestó juramento;, pero las urnas se abrirán en marzo. Los destrozos son millonarios, mientras India pierde rutas clave de tránsito y China ve congelados sus colosales proyectos de la Franja y la Ruta.
Por otro lado, Indonesia estalló en agosto por un subsidio habitacional de cincuenta millones de rupias mensuales para cada parlamentario, diez veces el salario mínimo en la capital, y veinte en las provincias más pobres. Miles ocuparon Yakarta, Yogyakarta, Bandung y Surabaya. Seis vidas perdidas, entre ellas la de un repartidor aplastado por un vehículo policial, convertido en emblema inmediato de la fractura social. Prabowo Subianto anuló el privilegio, congeló los viajes oficiales de los legisladores y remodeló su gabinete. Las calles se relajaron en septiembre, pero la ira permanece latente, alimentada por recortes que sostienen megaproyectos mientras los sueldos languidecen.
En Filipinas, los tifones de este año desnudaron una hemorragia mayor de miles de millones destinados a diques y drenajes desaparecidos en obras inexistentes o ruinosas, contratos repartidos entre donantes de campañas. Las auditorías hablan de un setenta por ciento evaporado. Iglesias y universidades llenaron avenidas de Manila y de las provincias en el último trimestre, reclamando devoluciones y procesamientos que alcanzan a senadores, diputados y círculos cercanos a Ferdinand Marcos Jr. Activos congelados por doscientos seis millones aguardan sentencia. La movilización resiste, agotada, pero exigiendo justicia.
Timor Oriental, la república más joven del sudeste asiático, vio en septiembre a miles de estudiantes rodear el parlamento en Dili contra la compra de sesenta y cinco Toyota Prado para diputados. La demanda escaló hasta abolir las pensiones vitalicias para exlegisladores. Gas lacrimógeno, heridos, veintidós detenidos. Días después, el legislativo retrocedió en ambos frentes. El episodio, breve pero intenso, expuso la brecha profunda en un país aún marcado por la pobreza estructural.
Asimismo, en Maldivas, los últimos meses trajeron marchas contra una ley que disuelve consejos independientes de prensa y entrega al ejecutivo una comisión con facultad de multas, suspensiones y clausuras. Bajo Mohamed Muizzu, el texto fue leído como un paso atrás democrático. Periodistas y oposición llenaron las calles, pero la policía dispersó con fuerza. El malestar se extendió a la inflación, la corrupción y la pérdida de libertades, alcanzando incluso zonas turísticas.
Lo que une estos incendios es una sola generación de nacidos entre 1997 y 2012, que encara un futuro sellado por una desigualdad voraz, un desempleo endémico y redes clientelares impenetrables. Dominan la inmediatez digital, desdeñan los partidos tradicionales y coordinan mediante clips efímeros, historias y chats de voz, difundiendo pruebas de abuso, manuales de autoprotección y convocatorias que se propagan como deflagraciones.
Su emblema global es una bandera pirata con calavera risueña coronada por sombrero de paja, tomada del manga One Piece, iniciado en 1997 por Eiichiro Oda. Monkey D. Luffy, capitán de goma que estira su cuerpo tras devorar un fruto diabólico, lidera a los Piratas del Sombrero de Paja en una odisea contra un orden mundial corrupto, buscando sobre todo la libertad absoluta. Luffy encarna resiliencia ante lo imposible, lealtad feroz y desafío alegre al poder despótico. El símbolo irrumpió políticamente hace dos años en marchas pro-Palestina en Indonesia y Nueva York, pero alcanzó su apogeo en agosto, cuando manifestantes indonesios lo izaron en respuesta sarcástica a discursos patrióticos oficiales durante el Día de la Independencia. Las autoridades lo confiscaron y calificaron de traición, lo que solo aceleró su difusión. TikToks lo llevaron a Katmandú, ondeando sobre las puertas calcinadas de Singha Durbar junto a consignas como “Gen Z no se callará”. El 21 de septiembre flameó en el Parque Rizal de Manila; apareció en Dili, en Maldivas, y cruzó océanos hasta París, Roma y Eslovaquia. Difícil de reprimir sin caer en lo ridículo, este icono pop subvierte nacionalismos vacíos, funciona como código compartido adaptable y legible para millones criados en memes y franquicias transnacionales.
El paralelo con las primaveras árabes de 2011 resulta inevitable. Jóvenes conectados derribando estructuras petrificadas. Quince años después, las heridas advierten de que movimientos sin vanguardia ni programa gubernamental brillan en caídas fulminantes, pero desfallecen al construir lo duradero.
La demografía regional —con una juventud abrumadoramente mayoritaria y tasas de paro elevadas— se vuelve hipersensible a toda medida que cercene horizontes. Hashtags como #SEAblings o #NepoBaby tejen puentes transfronterizos, aunque cada batalla conserve su sello propio.
Con todo, los costos económicos laceran: con rutas bloqueadas, comercios devastados, cadenas textiles interrumpidas, turismo paralizado o inversores en retirada.
Apuntando a elecciones inminentes y una mayoría juvenil en ascenso, esta generación exige asiento real en la mesa. Su rabia, amplificada por algoritmos y referencias culturales comunes, ya hace tambalear tronos. Si logra transmutar la plaza en instituciones —con coaliciones amplias y partidos propios—, podría sepultar lo caduco y erigir algo radicalmente fresco.