Ábalos pide al Supremo que le juzgue un jurado popular por el caso de las mascarillas

El exministro socialista José Luis Ábalos ha solicitado al Tribunal Supremo ser juzgado por un jurado popular y no por el alto tribunal en el juicio por supuestas comisiones en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia. Se trata del primer juicio del caso Koldo, que tiene otra pieza abierta en el Supremo por presuntos amaños en adjudicaciones públicas que afecta también al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, y varias en la Audiencia Nacional, una de las cuales investiga los pagos en efectivos del citado partido.

En un escrito presentado en el Supremo, la defensa de Ábalos argumenta que los principales delitos de los que es acusado son competencia del tribunal del jurado. Se trata, en concreto, de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación por el caso de las mascarillas. Según el abogado de Ábalos, en el escrito de acusación solo hay dos delitos que “no son propios del conocimiento del jurado” (organización criminal y uso de información privilegiada), mientras que “el grueso de las imputaciones” entran dentro del ámbito de competencia del jurado popular. Alega, por tanto, que los delitos principales son los de competencia de jurado y “arrastran a los otros” dos.

El Tribunal Supremo celebrará una vista el próximo 15 de enero en la que estudiará el recurso que presentó el exministro José Luis Ábalos contra su entrada en prisión provisional el pasado 27 de noviembre a la espera de este juicio.

Los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena —responsables de revisar las decisiones del juez instructor del caso Koldo— han atendido a la petición del también ex número 3 del PSOE de celebrar una vista para estudiar su recurso.

Ábalos, que se encuentra en la cárcel madrileña de Soto del Real junto a su exasesor Koldo García, recurrió su ingreso en prisión con el argumento de que si existiese riesgo de fuga no habría acudido “sin resistirse” y “como un cordero al matadero” a la vistilla que convocó el juez con una semana de antelación.

El juez los envió a prisión preventiva al apreciar riesgo “extremo” de fuga ante las elevadas peticiones de pena que afrontan por la rama principal del caso Koldo: la Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones elevan la petición a 30 años.

Poco después de esa decisión, el 10 de diciembre, la Sala de Apelación avaló los indicios que vio el juez para sentarles en el banquillo junto al considerado comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que afronta una petición de 7 años de cárcel y disfruta de una mejor situación procesal en virtud a la colaboración con la justicia que le reconocen las acusaciones y el juez.

El día 11 el juez Leopoldo Puente acordó la apertura de juicio oral contra los tres. Serán juzgados, en una fecha aún por determinar, ante los indicios de que se habrían concertado para obtener “un común beneficio económico” en la contratación pública de empresas captadas por Aldama, aprovechando el cargo de Ábalos en el Gobierno y en el PSOE como secretario de Organización.