El Gobierno da marcha atrás: los parados no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta
Se cae la que iba a ser la gran novedad de la próxima campaña de la Renta de 2025. En un cambio de última hora, publicado en el BOE de este miércoles, el Gobierno da marcha atrás y los desempleados no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta como norma general.
En concreto, el texto recogido en el Boletín Oficial del Estado señala que "persigue evitar que, a través de una norma propia del ámbito social, como es la Ley General de la Seguridad Social, se produzca una modificación de las obligaciones tributarias de las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo".
Señala el Ejecutivo que "resulta así necesaria la supresión de esta obligación de presentar declaración por IRPF a los beneficiarios de la prestación por desempleo, pues su alcance actual no supone solo una obligación formal. Ello excede la intención de la norma, que inicialmente fue la de dotar de una fuente adicional de información a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo".
Para ello, el Gobierno elimina dos apartados de la Ley General de la Seguridad Social que se habían incluido en la última reforma de la prestación y subsidio por desempleo del año pasado -en octubre de 2024- y que obligaba en teoría a las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo a realizar la declaración del IRPF desde el 1 de noviembre de 2024. Es decir, de cara a la campaña de la Renta de 2024 que tuvo lugar la pasada primavera de 2025.
No obstante, el propio Ejecutivo de Pedro Sánchez se había enmendado a sí mismo y pospuesto esta obligación un año, retrasando la obligación hasta la campaña de 2025, que arranca el próximo 8 de abril y terminará el 30 de junio. Ahora, el Ministerio de Hacienda vuelve a recular y elimina directamente esta obligación, pues nada se dice de que se posponga a 2027 en el texto recogido este miércoles por el BOE.
"Se desaconseja incorporar esta obligación formal, que además supondría un incremento innecesario de la carga administrativa para la persona trabajadora"
Argumenta ahora para ellos el Gobierno que "en el ámbito de las prestaciones de Seguridad Social, se incorporó una obligación similar a la prevista para la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital (IMV), con el objetivo de alinear ambas regulaciones. No obstante, existen diferencias sustanciales tanto en la normativa aplicable como en la finalidad de cada prestación. Las prestaciones por desempleo tienen como propósito sustituir las rentas salariales dejadas de percibir debido a la pérdida del empleo, la suspensión del contrato o la reducción de la jornada. En el caso de los subsidios, su función es complementaria, sin que ello implique dejar de cumplir los requisitos de activación establecidos en el acuerdo de actividad. Por estas razones, se desaconseja incorporar esta obligación formal, que además supondría un incremento innecesario de la carga administrativa para la persona trabajadora.
Asimismo, señala Hacienda que "es oportuno que esta disposición se apruebe con anterioridad al cierre del ejercicio fiscal 2025, de forma que pueda tener la adecuada publicidad para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener conocimiento de la medida con la debida antelación, así como para que los organismos tributarios puedan planificar adecuadamente los trabajos previos al inicio de la campaña de renta 2025".