Escenario catastrófico: renovación de más de 630.000 contratos de alquiler en 2026 y un Gobierno que impedirá echar a okupas
En 2026, más de 630.000 contratos de alquiler firmados durante la pandemia llegarán a su vencimiento en España. Estos contratos, que hasta ahora tenían mensualidades más bajas y solo se actualizaban según el IPC, permitirán a los propietarios fijar libremente los nuevos precios, lo que podría traducirse en incrementos significativos para los inquilinos. Se estima que estas renovaciones afectarán a 1,6 millones de personas, generando un escenario de incertidumbre tanto para arrendatarios como para arrendadores.
Contratos antiguos: riesgo de subidas de hasta el 30 %
Los contratos firmados entre 2020 y 2021 durante la pandemia han estado protegidos por mensualidades más moderadas. Sin embargo, al finalizar su vigencia, los propietarios podrán decidir el precio que consideren adecuado, lo que ha provocado preocupación y miedo entre los inquilinos. Algunos ya han experimentado incrementos notables.
Desde Sumar han solicitado al PSOE prorrogar automáticamente estos contratos para evitar aumentos excesivos y proteger a los inquilinos durante esta transición. Pablo Bustinduy, ministro de Consumo, señaló que “hay que pinchar la burbuja del alquiler y nadie podría entender que no intervengamos para proteger a 1,6 millones de personas”.
Nueva Ley de Vivienda: protección a los inquilinos y okupas
A la preocupación por las renovaciones se suma la nueva Ley de Vivienda, que introduce límites importantes para los propietarios. La normativa establece que no se podrán desalojar a okupas que ganen hasta 1.800 euros al mes si sus gastos en alquiler y suministros superan el 30 % de sus ingresos. Además, el límite puede incrementarse en función del número de hijos, situación de dependencia o discapacidad en la unidad familiar.
Esto genera un escenario complejo para los propietarios: aunque quieran actualizar los alquileres a los precios actuales, algunos inquilinos podrían aferrarse a la protección legal y permanecer en la vivienda, incluso si no abonan la renta completa. Esta combinación de factores crea tensión entre la necesidad de ajustar los contratos y las restricciones legales que buscan proteger a los hogares más vulnerables.
Impacto en el mercado inmobiliario
La gran renovación de contratos y la aplicación de la Ley de Vivienda configuran un momento crítico para el mercado del alquiler en España. Los inquilinos temen subidas significativas que puedan comprometer su economía, mientras que los propietarios deben lidiar con restricciones legales que limitan su capacidad de actuación.