Alberto II de Mónaco y su oposición al aborto
Cuando estudié Medicina, sabía que dentro de las obligaciones del médico -he mamado eso desde la cuna, ya que soy hijo, nieto, sobrino y sobrino bisnieto de médicos- está la defensa de la vida desde la concepción. Nadie tiene derecho a determinar si una vida humana lo es más cuando tiene 7 meses que cuando tiene 7 días. Este básico concepto, que es científico-médico y basado en la Ley Natural -que es universal e inmutable- y no en la religión, se desconoció por parte de muchos políticos y legisladores en muchos países de nuestro entorno. Qué pena. El papel lo aguanta todo y la ignorancia culpable también. Aunque el catolicismo sea la religión preponderante en Mónaco -el 90,7% son católicos- este asunto rebasa cualquier religión puesto que la Ley Natural está impresa en todo ser humano.
Ahora, Alberto II de Mónaco, en su vigésimo año de reinado, ha decidido no tramitar una modificación de lo que hasta ahora era, desde 2019, una despenalización del aborto en casos de violación, de enfermedad o malformación fetal irreversible, y cuando la vida de la madre corra peligro. El proyecto consiste en legalizar el aborto hasta las 12 semanas de embarazo –hasta las 16 en casos de violación–, y reducir de los 18 años a los 15 años la edad del imprescindible consentimiento paternal. No es de extrañar que un príncipe ecologista, que, por tanto, ama la vida, rechace algo que va en contra de esa vida a la que todos tienen derecho, independientemente del momento vital en que se halle un ser humano. El príncipe monegasco se ha opuesto a tramitar esa ley de interrupción del embarazo, conocida perífrasis para no pronunciar la palabra aborto. Algo que se interrumpe, puede luego proseguir. El aborto cercena de raíz la posibilidad de que el ser que lleva en su seno la mujer, pero que no es la propia mujer sino un ser distinto, continúe su desarrollo, por débil y dependiente que pueda ser.
Ese proyecto fue propuesto por el Consejo Nacional –la Asamblea de Mónaco–, compuesto por 24 miembros elegidos por sufragio universal cada 5 años. Según la Constitución, el texto, una vez aprobado por el Consejo Nacional, algo sucedido en mayo pasado, debía pasar al Gobierno para su estudio y, en su caso, su aprobación.
Muchos critican a Alberto II ese choque con lo que llaman «la soberanía nacional». Viejo dilema entre lo legal y lo lícito. A lo largo de la historia ha habido un buen número de leyes que podían ser legales, pero ¿eran lícitas? Las mayorías no pueden cambiar la Ley Natural. Si una mayoría decidiera que es legal robar, esclavizar o matar, eso no lo haría lícito.
El art. 4 de la Constitución del Principado, promulgada en 1962, establece que el poder legislativo es ejercido por el príncipe y el Consejo Nacional, lo que convierte a Alberto II en colegislador. El príncipe puede convocar a dicho Consejo (art. 59). Al mismo tiempo, el Gobierno (art. 43) es ejercido por el ministro de Estado, Christophe Mirmand actualmente, que representa al príncipe. Las órdenes soberanas, deliberadas por el Consejo de Gobierno, son presentadas al príncipe por el ministro de Estado y firmadas por aquel, lo que les da fuerza ejecutiva (art. 45), y no solo eso, sino que la iniciativa de las leyes pertenece al príncipe (art. 66) aunque el Consejo Nacional puede hacer proposiciones de ley, como en este caso. El príncipe da las órdenes para la ejecución de las leyes (art. 68) y, con la opinión del Consejo de la Corona, puede disolver el Consejo Nacional (art. 74). Por tanto, los poderes de Alberto II exceden a los de otros monarcas europeos. Hace falta mucha valentía para negarse a firmar algo por motivos éticos y a sabiendas de que uno va a ser diana de todo tipo de críticas despiadadas. No importa. La defensa de las propias convicciones es obligada si uno quiere respetarse a sí mismo y ser respetado por los demás, máxime cuando esas convicciones llevan a defender lo más importante que tenemos, la vida, sin la cual nada sería posible.
Ni en el Principado de Andorra ni en el Estado de la Ciudad del Vaticano es legal el aborto. El hecho de que las jóvenes monegascas crucen a Francia para abortar no justifica ir contra la Ley Natural, contra la naturaleza intrínseca del ser humano. El Principado prepara medidas para acompañar a la madre y apoyar a las mujeres con embarazos inesperados. Hay antecedentes de esta corajuda determinación. El rey Balduino de los Belgas vio suspendidos en 1990 sus poderes para evitar firmar la ley del aborto, que iba en contra de su conciencia, y su sobrino, el gran duque Enrique de Luxemburgo, se negó en el año 2008 a firmar la ley que despenalizaba la eutanasia. Eso causó una reforma constitucional en su país que implicó que el monarca ya no sancionaría las leyes, sino que estas se verían refrendadas, reduciendo así las competencias granducales.
Vendrán ahora múltiples críticas que, en realidad, honran al príncipe monegasco. Ánimo Alteza Serenísima.