Millones de ecuatorianos afrontan Navidad y Año Nuevo sin ingresos fijos
En Ecuador, 5,6 millones de personas económicamente activas enfrentan la Navidad y el Año Nuevo sin empleo estable, ingresos fijos o cobertura de seguridad social, de acuerdo con cifras recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La temporada que para algunos significa reuniones familiares, llega, para otros, acompañada de deudas, precariedad y la expansión del trabajo informal.
A lo largo de 2025, el Ejecutivo efectuó el despido de al menos cinco mil funcionarios públicos, entre personal de carrera, nombramientos provisionales y contratos ocasionales, y profundizó así la crisis laboral que ya afectaba al país. En este contexto, la pérdida de ingresos se traduce directamente en el deterioro de la calidad de vida, el aumento del sobreendeudamiento y la presión psicológica derivada de la incertidumbre económica.
El deterioro del mercado laboral afecta incluso a trabajadores altamente calificados. Tener un título ya no garantiza estabilidad ni mejoras salariales, y los empleadores reducen sueldos para aprovechar la sobreoferta de mano de obra.
Profesionales como Margarita Navas, ex técnica informática, ilustran esta realidad: “En 2012 ganaba mil 400 dólares estadounidenses (USD) con beneficios. Fui despedida en 2019. Hoy, por el mismo trabajo, recibo USD 550”, relata.
Mientras sectores empresariales sostienen que el salario básico es “demasiado alto” para generar empleo, la realidad muestra lo contrario: los sueldos ya se han contraído, y la necesidad obliga a aceptar ofertas muy por debajo del nivel previo al despido masivo.
La aplicación de la derogada Ley de Integridad Pública permitió suprimir partidas y desvincular personal del Estado, incluidos empleados mayores de 50 años, el grupo con menores posibilidades de reinsertarse laboralmente. Según denuncias de los propios afectados, listas negras habrían circulado entre instituciones públicas para impedir su recontratación durante la actual administración.
Esto constituye, según juristas consultados, una medida cuya legalidad y ética administrativa queda en entredicho, al afectar el derecho al trabajo y la reinserción laboral sin procesos transparentes ni garantías.
Fuente: Telesur
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