El Gobierno autorizó esta semana una «contribución voluntaria» de 980.000 euros a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para apoyar la implantación de su Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción . Una inversión que Moncloa defiende porque, entre otros, aporta «visibilidad y notoriedad de España» como «miembro relevante» de esta organización. En concreto, fue en el último Consejo de Ministros de este año en el que se dio luz verde a esta aportación, destinada a apoyar la implementación de dicho plan que, según subrayó Moncloa, se hará a través de tres mecanismos: «Colaboración en el diseño de una Agencia Independiente de Integridad Pública, con un análisis de lo que hay en otros países y de los mecanismos de coordinación; el apoyo en diseño y monitorización de los sistemas de evaluación del Plan Estatal y el apoyo en los trabajos para el incremento de transparencia e integridad en la financiación de partidos políticos«. En medio de varios casos de corrupción que afectan tanto al PSOE como al Gobierno, este defiende que el citado plan «constituye la respuesta más ambiciosa que nuestro país ha emprendido frente a la corrupción« , afirmando al respecto que se trata de «un fenómeno que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y distorsiona el funcionamiento de la democracia». El Ejecutivo recuerda que ha «apostado por una estrategia nacional integral contra la corrupción, alineada con los estándares internacionales «, en referencia a su Plan de Acción Contra la Corrupción elaborado en colaboración con la OCDE, que incluirá, entre otros, una ley integral contra la corrupción, tal y como anunció el ministro de la Presidencia Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, a principios de octubre. Según el Gobierno, «el impacto esperado a largo plazo» de este proyecto de la OCDE es «el fortalecimiento del marco de integridad en España , con especial énfasis en el desarrollo de un enfoque estratégico y coordinado para la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública en todas las instituciones«. Y, al mismo tiempo, señala una serie de »beneficios« que »justifican« esa aportación económica. Así, hace referencia a esa «visibilidad y notoriedad de España» y a la «difusión de políticas y resultados españoles». Todo, de cara a obtener un «producto» que permitirá contar con «una propuesta de diseño de una Agencia Independiente de Integridad Pública, con un análisis de lo que hay en otros países y de los mecanismos de coordinación», además del «apoyo en diseño y monitorización de los sistemas de evaluación del Plan Estatal». Tras ensalzar el papel de la OCDE como «referente en la lucha contra la corrupción» el Gobierno pone en valor que España «ha colaborado» y «sigue colaborando» con la organización en la elaboración de su plan contra la corrupción y en el despliegue de las medidas.
