Mirtha Vásquez alerta que Comisión Permanente evaluará informe final que recomienda su inhabilitación sin notificarla
Mirtha Vásquez alertó que la Comisión Permanente del Congreso evaluará este lunes 29 de diciembre el informe final de una denuncia constitucional que recomienda su inhabilitación por diez años, pese a que no ha sido notificada formalmente por ninguna vía legal.
Vásquez señaló que tomó conocimiento de la sesión únicamente a través de las redes sociales y de comunicados públicos del Parlamento, lo que, a su juicio, evidencia una grave irregularidad en el procedimiento seguido en su contra.
La también expremier remarcó que no ha recibido notificación en su domicilio ni por correo electrónico, mecanismo por el cual el propio Congreso venía comunicándole resoluciones previas, situación que le impide ejercer una defensa adecuada.
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Mirtha Vásquez denuncia vulneración al derecho a la defensa
Mirtha Vásquez sostuvo, en un entrevista para La República, que resulta “extraño y preocupante” que la Comisión Permanente haya agendado el debate del informe final sin verificar previamente si la denunciada fue válidamente notificada, tal como exige el debido proceso parlamentario. Explicó que actualmente no cuenta con abogado ni defensa técnica, precisamente porque nunca recibió comunicación oficial del Congreso, y que los días feriados complican aún más la posibilidad de preparar una estrategia legal adecuada.
“Yo me he enterado por las redes sociales que mi caso está agendado para el día 29, pero no he recibido notificación alguna. No ha llegado nada a mi domicilio ni por correo electrónico, y en este momento no tengo defensa técnica ni abogado.”, mencionó.
La excongresista cuestionó la premura con la que se impulsa el caso, recordando que la denuncia fue presentada por Manuel Merino en el 2021 y permaneció sin avances sustanciales durante varios años. Aunque evitó hacer afirmaciones categóricas, Vásquez advirtió que la coincidencia entre la reactivación del proceso y el anuncio de posibles candidaturas resulta preocupante, pues la inhabilitación impediría su participación en futuros comicios.
“Este caso está desde el 2021 y recién ahora la Comisión está apurando su vista. No quiero especular, pero resulta demasiado coincidente que se acelere justo cuando se ha anunciado una candidatura", precisó.
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Ahora Nación denuncia persecución política y respalda a Mirtha Vásquez
El partido Ahora Nación calificó como un acto de persecución política la decisión de la Comisión Permanente del Congreso de evaluar el informe que recomienda la inhabilitación de Mirtha Vásquez, señalando que la sesión del 29 de diciembre coincide de manera “sospechosa” con el reciente lanzamiento de su candidatura al Senado.
"Ante el evidente acto de persecución política que constituye la sesión de la Comisión Permanente del Congreso este 29 de diciembre, destinada a inhabilitar políticamente a nuestra candidata al Senado, la expresidenta del Consejo de Ministros Mirtha Vásquez (...) Condenamos enérgicamente este acto, sincronizado con el lanzamiento de su candidatura, por lo que es una maniobra cobarde y antidemocrática para eliminar a una adversaria política", se lee.
En un pronunciamiento público, la agrupación política sostuvo que el Parlamento ha convertido los mecanismos de control constitucional en herramientas para excluir a adversarios políticos, advirtiendo que este tipo de prácticas vulneran los derechos políticos y afectan la legitimidad del proceso democrático.
Ahora Nación expresó su respaldo a la expresidenta del Consejo de Ministros, destacó su trayectoria pública y anunció que permanecerá vigilante ante lo que considera una interferencia indebida en el proceso electoral, tanto por parte del Congreso como frente a las decisiones que deba adoptar el Jurado Nacional de Elecciones.
¿Por qué el Congreso busca inhabilitar a Mirtha Vásquez?
La denuncia constitucional contra Mirtha Vásquez se originó cuando ejercía la presidencia del Congreso y la acusa de presuntas infracciones constitucionales y delitos de función, entre ellos negociación incompatible y omisión de actos funcionales.
Uno de los principales cargos apunta a un supuesto aumento irregular de sueldos; sin embargo, el expediente detalla que se trató de ascensos administrativos que nunca se ejecutaron y que fueron anulados días después, sin que ningún trabajador resultara beneficiado.
Incluso, un informe de la Contraloría General de la República recomendó archivar este extremo al no encontrar elementos suficientes, documento que, según la ex parlamentaria, fue ignorado durante la elaboración del informe final.
Pese a la ausencia de pruebas concluyentes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobó un informe que propone la inhabilitación por diez años, el cual ahora será evaluado por la Comisión Permanente y, de ser aprobado, pasaría al Pleno del Congreso.