¿Hay que reforzar el monopolio sanitario en España?
Las reacciones aparecidas a raíz del episodio del Hospital de Torrejón y las propuestas de algunos agentes con ese caso apuntan a una restricción de la colaboración público/privada en sanidad, en particular de las empresas con ánimo de lucro.
Esto me recuerda a un comentario del viejo economista americano de la salud Alan Enthoven, ya con 94 años, que participó en los años 70 en las reformas del National Health Service (NHS) británico. Enthoven decía: «Dudo que una cultura de innovación, eficiencia y buen servicio a los pacientes sea posible desde un monopolio público, con exceso de demanda y carencia de incentivos». Lógicamente, sus propuestas de entonces ya iban en la línea de que el NHS perdiera los rasgos propios del monopolio público.
Traducido a nuestro entorno, esto significaría modernizar e introducir incentivos en el sector sanitario público; apostar por la colaboración público/privada, sin excluir a las compañías con ánimo de lucro (como si lo importante no fuera el coste y la calidad, el lucro fuera ilegítimo y desde las empresas sin ánimo de lucro no fuera posible la mala gestión y los injustificados privilegios a sus trabajadores); reforzar y modernizar el modelo Muface; mantener las Mutuas de Accidentes de Trabajo, etc. En definitiva, todo lo que haga más plural al sistema, frente a las propuestas «integracionistas». Y, por supuesto, dar más voz al paciente, sobre todo en la capacidad de elección.
Ahora bien, la capacidad de elección de médico y hospital es un tema muy delicado, que hay que organizar muy bien, garantizando la transmisión completa de la información clínica, una transparencia que permita una elección informada y unas reglas similares para los proveedores.
No está mal haber permitido la libre elección de hospital en Madrid, y puesto que las concesiones gestionan áreas, incluir en esa elección a las concesiones. Sin embargo, la Comunidad de Madrid ha establecido la libre elección de centro, pero con distintas reglas de juego. Los centros concertados tienen gestión empresarial y son capaces de optimizar su capacidad de atracción, mientras los hospitales públicos juegan con las manos atadas, con las reglas del marco administrativo. Eso explica los resultados, que en ocasiones tienen gran impacto económico.
Por eso, una vez montada esta libre elección, ¿qué se pretendía? ¿Qué las concesiones no hicieran un esfuerzo para atraer pacientes cuando tienen incentivos para ello? ¿Qué los hospitales públicos hicieran ese esfuerzo sin incentivos, en un marco administrativo y con personal estatutario?
La colaboración entre los sectores públicos y los privados es necesaria, pero eso requiere empresas sanitarias conscientes de las prioridades públicas y con visión a largo plazo; y una Administración que sepa controlar muy bien los resultados, con experiencia en gestión contractual avanzada, que garantice la transparencia y, en algunos casos, que limite el beneficio, tal y como se hace en Estados Unidos en los contratos del Medicaid (seguro sanitario público para personas de pocos recursos) con empresas aseguradoras privadas.