La crisis de la vivienda se cronifica en 2025 sin atisbo de solución inmediata
Hacer de la vivienda uno de los ejes estratégicos de su acción de gobierno no le ha servido al Ejecutivo de Pedro Sánchez para que las cosas hayan mejorado en 2025. El desequilibrio del mercado sigue ahí, con una producción de viviendas que rondará las 100.000 cuando cierre el ejercicio y una formación de hogares que más que la duplicará, lo que sigue presionando los precios al alza y dejando en una situación cada vez más comprometida a los colectivos más vulnerables como el de los jóvenes.
Aunque el Ejecutivo coincide con la iniciativa privada en que la falta de oferta es el principal detonante de la escalada de los precios de la vivienda, que están ya un 2,5% por encima de los últimos máximos alcanzados hace una década y media; unos y otros discrepan sobre el modo de atajarlos y que no se alejen más de los salarios.
El sector privado aboga por fórmulas de colaboración público-privada para incrementarla de forma notable y por reformar la Ley del Suelo. Pero el Gobierno, sin embargo, ha reforzado a lo largo del año su estrategia intervencionista y apuesta, además, por convertirse en el gran productor de este tipo de inmuebles. Una estrategia que ha culminado con la creación de Casa 47, la entidad pública de vivienda que pretende controlar todo el proceso de producción de las viviendas, desde el desarrollo del suelo hasta la gestión de los pisos.
Pese al optimismo del Gobierno respecto de la nueva empresa, la iniciativa, a decir del sector privado, nace con la rémora de que su parque inicial se nutra de los activos de la Sareb, el conocido como «banco malo», dado que los que engrosan Casa 47 no se han vendido hasta ahora porque se ubican en lugares donde no hay demanda. Además, dudan de que el tipo de gestor que busca Vivienda para gestionar los pisos de la Sareb sea el adecuado al dejar fuera de los candidatos a los fondos con experiencia.
El ministerio también ha lanzado un nuevo Plan Estatal de Vivienda dotado con 7.000 millones de euros para construir en colaboración con las autonomías vivienda asequible protegida en los próximos años. Sin embargo, ha metido en un cajón una reivindicación que el sector considera crucial para desbloquear la producción de vivienda a gran escala, la reforma de la Ley del Suelo. El Gobierno aprobó hace un par de semanas una nueva adenda al Plan de Recuperación que simplifica los compromisos para recibir los 25.000 millones de fondos europeos no reembolsables que quedan pendientes y cuyo programa termina en agosto de 2026.
Entre las víctimas de este proceso de simplificación está la Ley del Suelo. El Ejecutivo español se había comprometido con la Comisión a aprobar la reforma de esta norma para recibir los fondos. Sin embargo, la ha sacrificado a cambio de la creación de la nueva empresa estatal de vivienda.