A solas, con los policías que «recuperan» los bienes de las mafias
Desde hace un año, la Policía Nacional cuenta con un grupo de policías encargado de rastrear y bloquear los beneficios obtenidos por el crimen organizado. El objetivo es claro: que los criminales no disfruten de lo que compran fruto de su actividad ilícita. Bajo el nombre de Grupo de Recuperación de Activos del Crimen Organizado (GRACO), ocho agentes trabajan codo con codo con el resto de unidades en busca de compraventas sospechosas, testaferros y operaciones comerciales turbias.
El equipo, liderado por dos mujeres, se enmarca dentro del organigrama de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) Central, de la Policía Judicial. Con sede en el complejo de Canillas, Madrid, su trabajo va más allá del clásico blanqueo de capitales. Tienen que demostrar que la casa, los coches, los relojes o incluso las videoconsolas que los investigados poseen provienen de su operativa criminal. A veces no es complicado porque «cuando no tienen un trabajo reconocido, no están dados de alta en la seguridad social, es obvio de donde proviene lo que tienen», explica la jefa de sección desde las instalaciones centrales de la Policía.
«Se recupera un 2%, la situación es muy grave», resume la jefa del grupo, la segunda de abordo. La creación del grupo surge de una necesidad. Desde Europa se considera «prioritario» poner coto a los beneficios del crimen, que van desde el narcotráfico hasta la trata de personas, pasando por las estafas. La recuperación de estos activos va a convertirse en una «obligación» en los próximos años para todos los países del continente. Y la Policía Nacional es ya un referente y pionera. «La Fiscalía Antidroga nos pone como ejemplo a seguir para otros cuerpos policiales», resume la jefa.
El trabajo lo hacen mano a mano con la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), dependiente del Ministerio de Justicia. Los policías «peinan» la actividad criminal, y este organismo se encarga del trabajo burocrático de inventariarlo y bloquearlo. «Con esto conseguimos que, por ejemplo, no lo puedan vender ni traspasar. Las casas y coches quedan congelados, a la espera de la sentencia», apostilla la número dos. Los beneficios que se puedan sacar en un futuro estarán destinados a resarcir a las víctimas. «Es un proceso lento, de varios años, pero al menos ahora saben que tendrán su resarcimiento».
El GRACO, como equipo antiblanqueo, da soporte a todas las unidades: antidrogas, delincuencia violenta o cibercrimen. Pero también a los grupos periféricos de provincias donde la actividad criminal es más activa, como en la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar o Galicia. Aunque su trabajo se basa en el análisis, también pasan muchos días fuera de casa. En varias operaciones han estado presentes en el momento de la explotación. «Este grupo está ayudando mucho, no ya sólo en la recuperación de activos, que es el objetivo final, sino también a hacer más investigaciones de blanqueo. Nuestra presencia en el momento de las detenciones es clave porque podemos ver documentación que nos lleve a ese delito mayor».
España tiene que implantar, de cara a 2027, una «estrategia nacional» en cuanto a recuperación de activos del crimen organizado. Francia ya es un referente en este asunto a través de la AGRASC, la agencia estatal dedicada a ello. «Son muy potentes, es lo que vendría a ser nuestra ORGA», resume la jefa de sección.
Este próximo año, el Ministerio del Interior tiene que hacer frente a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo intergubernamental que establece los estándares globales para combatir el lavado de dinero, la financiación de terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Según las fuentes consultadas, harán hincapié en el bloqueo de los bienes del crimen organizado. La suerte para España es que cuenta ya con un buen camino recorrido con la creación del GRACO. Ahora falta ponerlo en marcha en el resto de organismos involucrados en combatir el crimen, como la Guardia Civil o la Agencia Tributaria.
Operaciones destacadas
Con sólo un año de vida, los agentes del GRACO han participado en importantes operaciones. En septiembre, la Policía detuvo a «José el del Buque», un escurridizo narcotraficante de Canarias que controlaba «todo lo que entraba en las islas», pero que no había sido arrestado en los últimos años, aunque su grupo se dedicaba a casi cualquier actividad criminal.
«El Buque» había tejido una red de colaboradores muy fuerte, con gente de su plena confianza, miembros incluso de su familia. Por eso la operación fue bautizada como «Lazos de sangre». Con el desmantelamiento de la organización, los investigadores pudieron intervenir 14 inmuebles, además de 38 vehículos de alta gama y 24 embarcaciones, además de grandes cantidades de dinero.
En agosto, el Ministerio del Interior dio a conocer el trabajo conjunto entre la Policía Nacional con la NCA británica y la Garda Síochána. Detuvieron a 14 personas dedicadas al envío de marihuana entre España e Irlanda en sacos de pienso para animales.
Los agentes incautaron 100.000 euros en metálico, 630 plantas de marihuana, un arma de fuego y tres detonadoras, vehículos de alta gama y relojes de lujo. Paralelamente, tras los registros efectuados, consiguieron bloquear bienes muebles, inmuebles y activos financieros por valor de más de 2.000.000 de euros.
Pero el GRACO no sólo trabaja contra el narcotráfico, aunque «con UDYCO –antidroga– es con quien más trabajamos», apunta la jefa del grupo. En marzo, se dio un importante golpe a una organización criminal dedicada a todo tipo de estafas: telefónicas, la extorsión del sicario y el timo del hijo en apuros, principalmente. Engañaron a 2.000 personas y lograron un beneficio ilícito de unos dos millones de euros.
En los 22 registros que se realizaron entonces de forma simultánea en Valencia, Benissa y Tarrasa se intervinieron alrededor de 255.000 euros, armas de fuego, machetes y se consiguió el bloqueo de 129 cuentas bancarias, tres viviendas y más de 20 vehículos. Ahora todos estos bienes y activos, como el de las otras operaciones, servirán para resarcir a las víctimas de los delitos.