Fuga de Puigdemont: los móviles de los tres mossos imputados no se han requisado dos semanas después de la orden judicial

Más de dos semanas después de que la magistrada de Barcelona que investiga por encubrimiento a tres mossos dEsquadra por ayudar supuestamente a huir a Carles Puigdemont en agosto de 2024, tras su fugaz regreso a España, la Policía autonómica no ha requisado aún a los agentes sus dispositivos, según ha podido saber LA RAZÓN.

La titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, María Antonia Coscollola, dio la orden el pasado 9 de diciembre, 16 meses después de que el expresident protagonizara un mitin independentista en pleno centro de la ciudad condal y consiguiera burlar la orden de detención contra él que mantiene en vigor el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del «procés».

La instructora dio el paso a regañadientes –obligada por la Audiencia Provincial de Barcelona, que le conminó a acordar la medida solicitada por Hazte Oír, que ejerce la acusación popular– y precisamente a instancias de la unidad de Asuntos Internos de los Mossos dEsquadra.

El objetivo es rastrear posibles comunicaciones con el líder de Junts que facilitaran su huida ese 8 de agosto de 2024. Pero según esas mismas fuentes, a los tres mossos imputados –David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo– no se les han retirado los móviles (los plazos procesales se interrumpen durante las vacaciones navideñas, pero hasta esa parálisis procesal transcurrieron dos semanas sin que esa incautación se llevase a cabo).

No han sido citados en el juzgado

Tampoco han sido citados en el juzgado, puntualizan, para que entreguen sus dispositivos de forma voluntaria, dado que Coscollola ordenó la «recogida» o, en su caso, la «intervención forzosa» de siete móviles vinculados a los agentes autonómicos. Con el propósito de llevar a cabo el «volcado, análisis y estudios» de los terminales telefónicos «para concretar los flujos de comunicaciones vía llamada, SMS o mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea u otros sistemas de comunicación oral, escrita o telemática» y examinar, si las hubiera, «las comunicaciones entre los investigados y algún número vinculado» a Puigdemont.

Pero los Mossos ya advertían, al solicitar la medida a la magistrada, de las dificultades de que esas pesquisas arrojen un resultado positivo dado el tiempo transcurrido y la «dilatada experiencia» de los agentes investigados, anticipando un posible borrado de los datos que impida constatar si se concertaron con el líder independentista para organizar su segunda huida de España convirtiendo en papel mojado la orden nacional de detención y prisión que pesaba sobre él y que le obliga a rendir cuentas ante el Tribunal Supremo por su papel en el «procés» siete años después de su fuga a Waterloo (Bruselas).

Posible borrado

Dado que las compañías de telefonía móvil solo tienen la obligación legal de conservar un año los datos de los clientes, la Policía catalana considera que el análisis de sus dispositivos es la única forma de intentar recuperar los mensajes que pudiesen haber intercambiado con Puigdemont y su entorno entre el 8 de julio (un mes antes de la segunda huida del expresident) y el 9 de agosto de 2024 (24 horas después de abandonar nuestro país). Incluso en el caso, apuntaba la petición de los Mossos, de que los mensajes hubieran sido eliminados.

Y es que en su solicitud de incautación, la unidad de Asuntos Internos de la Policía catalana apuntaba la posibilidad de que los agentes hubieran utilizado en esas fechas otros teléfonos o tarjetas prepago ajenas para complicar su identificación. O incluso que hubieran tomado medidas «para estropear o cambiar sus terminales móviles» o hubiesen llevado a cabo «un restablecimiento del sistema operativo severo». Maniobras todas, alertaba, que podrían impedir recuperar los datos almacenados.

No en vano, señalaba, los meses transcurridos hasta que finalmente la instructora ha requerido esos móviles es tiempo más que suficiente para haber cambiado sus teléfonos o «restablecer» las configuraciones de fábrica de los dispositivos que ahora se pretende examinar.