Un año negro judicial sin respiro para Sánchez
El año 2025 quedará marcado en negro en el calendario del PSOE. Termina con un partido asediado por causas de corrupción, que ha visto entrar en prisión a sus dos últimos ex secretarios de Organización y que se enfrenta a una fiscalización judicial de todos los pagos en metálico efectuados bajo el mandato de Pedro Sánchez.
Si el año comenzó con el foco puesto en las causas contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno o el ya ex fiscal general, doce meses después termina con la Guardia Civil apuntando directamente al corazón del "sanchismo". En este tiempo no solo se ha juzgado y condenado a Álvaro García Ortiz, sino que se ha puesto fecha a la vista contra David Sánchez y se han sentado las bases para que el juicio contra su mujer lo asuma un jurado popular.
No obstante, las dos verdaderas bombas para el PSOE la constituyen el "caso Koldo" y la investigación contra Leire Díez. En el marco de la primera de ellas se va a celebrar un primer juicio en el Tribunal Supremo en los próximos meses, que sentará en el banquillo de los acusados a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama. El exministro de Transportes se enfrenta a una pena de hasta 24 años de cárcel por esta pieza separada de la trama que se centra en los contratos de mascarillas, entre otros asuntos menores investigados en el alto tribunal.
El caso Koldo y Leire Díez, en la diana
La otra pata de investigación del procedimiento, relativa al presunto amaño de obras millonarias a cambio de comisiones, sigue su curso. En 2025 la Guardia Civil afloró esta línea del caso gracias a la confesión de Víctor de Aldama y a los audios que encontraron en la casa de Koldo García. Estos extremos sentaron las bases para imputar a Santos Cerdán por ser el presunto cerebro de esta parte de la trama que amasó contratos públicos por más de 500 millones de euros.
El PSOE pasó en tiempo récord de cerrar filas con su antiguo "número tres" a desligarse de él. Ferraz intentó frenar la onda expansiva de un escándalo que tuvo su punto álgido con el ingreso en prisión provisional de Cerdán en junio. Medio año después, abandonó Soto del Real, dándole el relevo a José Luis Ábalos y Koldo García, que entraron en noviembre en el mismo centro penitenciario. Ambos comenzaron el año bajo el foco de la Justicia por integrar una presunta organización criminal y lo terminan peor si cabe: en la cárcel, a las puertas de un juicio en el Tribunal Supremo y pendientes de otras causas que puede acabar salpicándoles, como es la "trama del fuel" que se instruye en la Audiencia Nacional.
Su devenir en los próximos meses va muy ligado al de Pedro Sánchez porque ambos han activado el ventilador contra el que fuera su líder. Horas antes de entrar en prisión dejaron grabadas varias entrevistas en las que reconocieron pucherazo en las primarias en las que salió elegido Sánchez, aseguraron que se financió con dinero de los negocios turbios de su suegro, apuntaron al reparto de mordidas, a la influencia de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, y a irregularidades de calado en el rescate de 53 millones de euros de Plus Ultra. Además, José Luis Ábalos dijo que el presidente del Gobierno fue el autor del chivatazo sobre la investigación del "caso Koldo" cuando todavía estaba secreta.
Las maniobras de Ferraz
Pero, por si fuera poco, al PSOE le explotó otra crisis en mayo que amaga con convertirse en uno de sus principales problemas el próximo año. La filtración en prensa de unos audios de Leire Díez buscando información negativa sobre todos los actores que investigan a la familia de Sánchez abrió otro grave frente en Ferraz. El partido la dio de baja como militante y marcó distancias con ella, pero la investigación penal abierta en un juzgado de Plaza Castilla evidenció que, lejos de ser un verso suelto, actuaba en nombre de la cúpula de su partido. Además, constató reuniones con empresarios, dos fiscales e imputados del "caso Koldo" en los que trató sin éxito de buscar trapos sucios contra la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y jueces como Beatriz Biedma (instructora del "caso David Sánchez") o Juan Carlos Peinado (que investiga a Begoña Gómez).
En pleno auge de este procedimiento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil asestó otro golpe a la conocida como "fontanera" del PSOE por integrar una presunta organización criminal que habría amañado contratos por 132,9 millones. Se trata de cinco operaciones controladas por la SEPI o por empresas vinculadas a este ente adscrito al Ministerio de María Jesús Montero. Los agentes detuvieron el 10 de diciembre a Díez junto con el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Antxon Alonso, el empresario amigo de Santos Cerdán también imputado en el "caso Koldo" por los pelotazos de su firma Servinabar en Navarra.
Las diligencias, que todavía están secretas y que se siguen en la Audiencia Nacional, están en su punto más embrionario. Sin embargo, el procedimiento prevé alcanzar mayores dimensiones en los próximos meses. El foco se pone en la empresa pública que firmó este contrato y que también gestionó los polémicos rescates de Air Europa, Duro Felguera o Plus Ultra. Este último, de hecho, se ha reactivado en el juzgado de Plaza Castilla, que investigó por prevaricación la ayuda de 53 millones de euros otorgada en 2021 por el Gobierno de Sánchez.
El rescate de Plus Ultra vuelve a ser noticia
Este final de año ha sido en el que se ha vuelto a investigar judicialmente la ayuda pública de 53 millones que recibió del Gobierno la aerolínea Plus Ultra. Aunque, en esta ocasión, por una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que ha abierto una causa que lleva la misma jueza que ya indagó en el rescate. La jueza Esperanza Collazos rastrea, con ayuda de la UDEF de la Policía Nacional, si se utilizaron parte de los fondos de la subvención para blanquear capitales procedentes del expolio de Venezuela.
Por ello, están imputados el presidente, Julio Martínez Sola; su CEO, Roberto Roselli, y el empresario Julio Martínez Martínez. Este último, tal y como reveló LA RAZÓN, asumió la administración de nueve sociedades en los dos meses siguientes a que se aprobase el rescate en marzo de 2021.
La UDEF está investigando el entramado societario vinculado a estos tres y un abogado español para tratar de aclarar si, a través de préstamos que firmó la compañía vinculada a Venezuela, parte de los fondos del rescate fueron a parar a cuentas de sociedades pertenecientes a una organización criminal extranjera, con ramificaciones en Panamá, dedicada a blanquear dinero procedente de un programa social que impulsaron las autoridades venezolanas y para vender oro procedente del Banco de Venezuela. Como ejemplo, se detectó que una empresa que concedió préstamos a Plus Ultra vendió 30 millones de euros en oro a una mercantil domiciliada en Emiratos Árabes.