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Las víctimas menores suben un 5,3%

España cierra el año con 103.973 mujeres víctimas de violencia de género que viven con protección policial, un 2,84 % más que el año pasado. 1.337 de ellas son adolescentes menores de edad (5,3 % más que en 2024), 2.487 son mayores de 65 años (3,5 % más) y 53.814 tienen menores a su cargo (2% más). La cifra con respecto a las menores es preocupante pero lo es aún más la falta de conciencia que tiene la juventud con respecto a la violencia machista. Numerosos estudios ponen de manifiesto que las chicas no detectan ciertos comportamientos en sus parejas como el control del móvil, de la ropa, con quién hablan e incluso interpretan muchas de estas actitudes como intrínsecas a una relación romántica o de pareja.

Esto se une al hecho de que muchos chicos menores tampoco parecen interiorizar en qué consiste el respeto por las mujeres en todas sus formas. Según los expertos, ha contribuido a esta cultura machista la facilidad con la que los chicos acceden ahora al porno y que la edad de iniciación esté en torno a los 12 años. El problema no es solo cómo creen que es el sexo real sino que luego trasladan las actitudes de dominación hacia las mujeres y ellas también creen que deben reproducir esos comportamientos para agradar al hombre o piensan que así es como debe mostrarse una mujer adulta en el sexo. Las campañas de concienciación no solo respecto con respecto a la violencia sexual sino a la violencia machista en todas sus formas parece que va surtiendo algo de efecto y muchas ya se animan a contarlo y dar el paso de la denuncia, el más complicado de todos.

De ahí que más de 1.300 menores que están actualmente protegidas por el sistema. Pero no sólo estas menores están amenazadas por la violencia machista: en España hay 1.530 niñas y niños en riesgo de ser agredidos por los maltratadores de sus madres, un 28,6 % menos que un año antes. De estos, 6 están en riesgo extremo de ser agredidos por las parejas o exparejas de sus madres. Es decir, se teme por su vida de forma preocupante. 120 tienen riesgo alto (también se teme por su vida) y 1.404 tiene riesgo medio. Desde marzo de 2019, cuando Interior comenzó a evaluar la situación de riesgo en la que se encuentran las hijas e hijos de las mujeres maltratadas, ha detectado 5.834 casos de menores expuestos a una potencial violencia vicaria y 58.102 de especial relevancia.

Pero siempre que sale un dato de aumento de la violencia surge la misma pregunta: ¿hay más mujeres maltratadas o es que cada vez se denuncia más? Las asociaciones feministas lamentan el agujero negro que siempre hay en torno a estos delitos (violencia física, sexual o psicológica hacia las mujeres) porque nunca se denuncia ni la mitad de los casos que realmente ocurren. Es algo que vemos constantemente con cada mujer asesinada por violencia machista: la gran mayoría no había denunciado a su agresor (un dato que también ha mejorado este año), lo que permite inferir que casi todas las asesinadas por esta lacra eran un «dato en la sombra»; es decir, no estaban «registradas» en el sistema VioGén y, por tanto, ni siquiera entraban en el porcentaje arrojado cuando se ofrecía el dato de que había crecido la violencia de género. En el caso de la violencia sexual ocurre algo parecido. Muchas no denuncian, por lo que cuando sube la cifra, como ha ocurrido con el último balance de criminalidad publicado esta semana por el Ministerio del Interior (entre enero y septiembre aumentaron un 4,6% los delitos contra la libertad sexual con penetración) suelen fijarse en dos variables.

Una son las atenciones en los hospitales y otra las agresiones sexuales grupales. Si la primera aumenta es sinónimo de que ha habido mucha violencia durante el delito y la percepción de la víctima es que debe acudir inmediatamente a la Policía y desde aquí, siguiendo el protocolo, se deriva a un centro sanitario para una exploración médica así como recogida de posibles vestigios. La segunda es porque las violaciones grupales son, según los expertos, una muestra del grado de violencia que hay en una sociedad y de ellas se puede inferir si existen también otras «individuales» incluso en entornos de pareja o familiares, donde las reticencias y los miedos a denunciar son mayores.

El sistema policial de seguimiento de víctimas de violencia de género del Ministerio del Interior, se puso en marcha en 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica de 2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

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