Gobernar el encierro o más seguridad exige más prevención
Cuando el Estado decide encerrar más, decide mucho más que cuántas cárceles construir o cuántos cupos habilitar. Decide cómo ejerce su poder más extremo: privar de libertad. En un país donde la seguridad se ha convertido en la principal demanda ciudadana, esa decisión ya no es excepcional, sino cotidiana. Y precisamente por eso, la pregunta central no es solo cuánto control ejercer, sino cómo hacerlo sin erosionar los principios que sostienen la democracia.
En una columna reciente publicada en Radio Universidad de Chile, Gonzalo Bacigalupe recordó por qué el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) no es una preocupación sectorial ni un asunto técnico reservado a especialistas, sino una institución que importa a todos. Su reflexión resulta especialmente pertinente en un momento en que el debate público converge en la necesidad de fortalecer el poder coercitivo del Estado como respuesta al delito.
El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT), órgano que ejerce el MNPT en Chile, no investiga delitos ni persigue responsabilidades penales. Su mandato es preventivo. Observa de manera independiente los lugares donde el Estado mantiene personas privadas de libertad y formula recomendaciones técnicas destinadas a reducir riesgos estructurales de tortura, malos tratos o condiciones incompatibles con la dignidad humana. Su función no es reaccionar frente al daño consumado, sino advertirlo antes de que ocurra.
Esta distinción es clave. La prevención opera en un plano distinto al de la protección judicial o administrativa. Examina procedimientos, formación de funcionarios, infraestructura, uso de la fuerza, registros, atención sanitaria y cadenas de mando. No se trata de denunciar, sino de mejorar el funcionamiento de las instituciones encargadas de ejercer la coerción legítima del Estado.
Por eso el MNPT no debilita al sistema de seguridad ni a las agencias fiscalizadas. Lo fortalece. La evidencia comparada muestra que los sistemas de encierro que se expanden sin supervisión preventiva independiente tienden a reproducir abusos, deterioro institucional y crisis de legitimidad. Cuando el Estado amplía su capacidad para privar de libertad, la prevención deja de ser un complemento y se convierte en una condición básica de gobernabilidad democrática.
Desde esta lógica, el CPT dialoga con las instituciones públicas, reconoce su función constitucional y contribuye técnicamente a su mejora. Su trabajo permite asesorar al Ejecutivo en el diseño de políticas de seguridad y privación de libertad; aportar evidencia y análisis al debate legislativo cuando se discuten leyes que restringen derechos fundamentales; e identificar patrones estructurales de riesgo que también resultan relevantes para el sistema de justicia.
En contextos marcados por la urgencia y el temor, la prevención cumple además una función que suele subestimarse: protege al propio Estado. Reduce la probabilidad de abusos, evita daños irreparables, disminuye litigios y sanciones internacionales, y preserva la confianza pública en las instituciones llamadas a ejercer el poder coercitivo.
La pregunta democrática, entonces, no es solo cuántas personas encarcelar, sino cómo se gobierna el encierro. Un Estado que se observa a sí mismo, que acepta ser examinado y que corrige a tiempo sus prácticas no es un Estado débil. Es un Estado más profesional, más predecible y más legítimo.
Gobernar el encierro es una prueba básica de autoridad democrática.