Operación Apocalipsis: Fiscalía insiste en prisión preventiva y defensas apuntan a vacíos en la investigación

En el marco de la undécima jornada de formalización por la denominada “Operación Apocalipsis”, la Fiscalía Regional Metropolitana Occidente reiteró ante el tribunal su solicitud de prisión preventiva para los 70 imputados, entre ellos 47 funcionarios de Gendarmería y 23 civiles.

Cabe recordar que el caso se originó tras detectar una presunta red de corrupción que operaba en distintos recintos penitenciarios, entre ellos Santiago 1 y San Joaquín, donde funcionarios habrían facilitado beneficios indebidos a internos a cambio de pagos y favores.

Tras la audiencia, el fiscal Marcos Pastén sostuvo que el Ministerio Público presentó “un caso sólido y fundado”, subrayando que la investigación se ha desarrollado de manera acuciosa y dentro del marco legal.

Según los antecedentes expuestos, además de las detenciones mencionadas anteriormente, la indagatoria contempla más de 3 mil horas de escuchas telefónicas, más de 100 interceptaciones simultáneas y cerca de 200 cuentas bancarias incautadas.

La magnitud de las diligencias fue uno de los principales argumentos de la Fiscalía para insistir en la prisión preventiva, aludiendo al riesgo de obstaculización de la investigación. Respecto de los cuestionamientos de la defensa sobre el uso de informantes y agentes encubiertos, Pastén descartó cualquier irregularidad y afirmó que las técnicas empleadas están amparadas en las recientes modificaciones al Código Procesal Penal.

Además, el fiscal se refirió a lo ocurrido durante el fin de semana, donde se registró un ingreso no autorizado una oficina de Gendarmería vinculada al equipo investigador del caso. Indicó que se instruyó de inmediato una investigación penal a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI) y que no existiría afectación a la prueba ni acceso a los equipos computacionales.

En tanto, las defensas cuestionaron la solidez de los antecedentes presentados por el Ministerio Público para sustentar la prisión preventiva. El abogado Carlos Silva, planteó que la Fiscalía estaría basando parte de su imputación en declaraciones de coimputados que buscan colaborar con la investigación, las que “constituyen un medio de defensa y no de prueba“.

A su juicio, estas declaraciones deberían estar respaldadas por otros elementos objetivos, como interceptaciones telefónicas, mensajes o testimonios independientes, lo que —afirmó— no se encontraría debidamente acreditado.

“Uno esperaría, por ejemplo, que si se dice el funcionario X ingresó comida al penal para poder venderla, lo mínimo que uno esperaría es el dónde, cómo y cuándo. (…) Esas son las cuestiones que no están claras en la investigación, y por lo tanto creemos que la prisión preventiva es innecesaria con esos antecedentes“, argumentó.

Otro de los cuestionamientos provino del abogado Ilan Eck Falkas, quien calificó como “jocoso” un antecedente mencionado por la Fiscalía relativo al supuesto uso de un vehículo de lujo como contraprestación en un eventual delito de cohecho.

El defensor aseguró que en Chile no existirían vehículos de la marca señalada inscritos legalmente, descartando que dicho elemento pueda constituir un beneficio real. En ese contexto, manifestó su expectativa de que el tribunal opte por medidas cautelares menos gravosas, como arresto domiciliario nocturno y firma mensual.

En cuanto al estado de la causa, el fiscal Pastén confirmó que no existen funcionarios de Gendarmería con órdenes de detención pendientes y que todos los imputados requeridos se encuentran en audiencia. Este martes a las 20:30 horas el tribunal dará a conocer la resolución respecto de las medidas cautelares de los 70 imputados, en una investigación que mantiene un plazo de 300 días y diligencias aún en curso.