La millonaria compra qatarí de 10.000 hectáreas en Argentina para construir tres hidroeléctricas y una casa de lujo
El millonario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al‑Hajri, cercano a la familia real de Qatar y cuñado del emir Tamim bin Hamad Al Thani, concretó la compra de unas 10.000 hectáreas en la meseta Baguales, en la provincia de Río Negro, Argentina, con la intención de desarrollar un ambicioso megaproyecto que combina energía y lujo. La operación se realizó a través de la empresa Baguales Acquisitions S.A..
La iniciativa generó una intensa polémica entre organizaciones ambientales y comunidades locales debido al posible impacto ecológico en una zona de alto valor natural y biodiversidad. Aunque las obras están amparadas por permisos provinciales, incluidos derechos de uso de agua por décadas, críticos advierten sobre la ausencia de información clara y la falta de consulta con poblaciones indígenas.
¿Cómo se dio la compra de las 10.000 hectáreas?
La compra de las 10.000 hectáreas en la Patagonia argentina se concretó en 2017 a través de la sociedad Baguales Acquisitions S.A., vinculada al empresario qatarí Abdulhadi Mana A Sh Al‑Hajri y asociada también al extenista argentino Gastón Gaudio. La transacción se realizó con la adquisición de tierras que antes pertenecían al grupo belga Burco, ubicadas en la meseta Baguales, cerca del río Villegas, a unos 50 kilómetros de San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro.
El proyecto contempla la construcción de tres centrales hidroeléctricas (ChiBa I, II y III) sobre el arroyo Baguales y una residencia de lujo, en un megaproyecto diseñado para ser energéticamente autosuficiente y servir tanto a la propiedad privada como al exclusivo complejo turístico Baguales Mountain Reserve. Las hidroeléctricas, con una capacidad total estimada de hasta 920 kilovatios, cuentan con una concesión de uso de agua otorgada por el Departamento Provincial de Aguas por 30 años.
En 2019, el gobierno provincial otorgó a la firma autorizaciones para la explotación del agua del arroyo Baguales por 30 años, aunque con límites temporales y bajo cuestionamientos por parte de organizaciones ambientales y comunidades.
Ausencia de comunicación con las comunidades indígenas
El proyecto generó preocupación por su impacto ambiental y la falta de consulta a comunidades locales, pero no hay reportes confirmados de expulsión o desalojo forzado de pueblos indígenas como resultado directo de esta compra.
Lo que sí surgió en el debate público es la crítica por la ausencia de mecanismos de consulta previa, libre e informada a comunidades indígenas en torno a los permisos ambientales y de uso de recursos hídricos asociados al proyecto, un requisito legal previsto para actividades que puedan afectar sus derechos colectivos.
La legisladora provincial Magdalena Odarda señaló que esas consultas no se realizaron adecuadamente en el proceso de autorización de las hidroeléctricas, lo que ha generado malestar entre pobladores locales y defensores de derechos indígenas y ambientales.