Andalucía declaró al fin la guerra a las viviendas ilegales después de décadas de un peregrinaje al margen de la ley. La Junta quiere finiquitar ese escarnio discriminatorio que vulnera la igualdad entre ciudadanos, primero, y supone un perjuicio para la sostenibilidad del medio ambiente, el reparto de recursos y en definitiva al ordenado desarrollo urbanístico de una comunidad. La desidia y el temor a la pérdida de votos frenó siempre a los dirigentes políticos en esta batalla contra la ilegalidad, especialmente porque por la dejadez siempre se llegaba tarde y mal. Barrios y urbanizaciones enteras, con niños y niñas, ancianos, personas vulnerables, repartidos entre sus miles de hogares, ya no podían derribarse a golpe de decreto y multas...
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