El Consejo de Gobierno ha aprobado la transformación de 837 puestos de personal laboral fijo-discontinuo en puestos de personal laboral fijo, con el objetivo de, según informa la Junta de Castilla y León en su comunicado, adaptar los efectivos del operativo de prevención y extinción de incendios forestales a las necesidades del territorio, además de consolidar un dispositivo plenamente operativo durante los doce meses del año. Todos los empleados públicos con uno de estos puestos en propiedad serán contratados a partir del 1 de enero de 2026. Las categorías afectadas son: Oficial de Montes–Conductor Maquinista de Autobomba (217 puestos), Peón de Montes y Extinción (217 puestos) y Vigilante de Incendios (403 puestos). La distribución territorial de los puestos es la siguiente: 132 en Soria, 114 en León, 113 en Burgos, 110 en Zamora, 86 en Salamanca, 82 en Ávila, 80 en Segovia, 66 en Palencia, y 54 en Valladolid. Los puestos de Oficial de Centro de Mando ya venían siendo fijos durante todo el año, por lo que no se ven afectados por el Acuerdo. Sin embargo, dicho Acuerdo también recoge la creación de 28 nuevos puestos de este tipo, 3 por cada provincia y 1 autonómico, para reforzar la coordinación y la respuesta del operativo. La modificación afecta principalmente a todos los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de la Comunidad, y supone un coste económico total de 14,1 millones de euros, calculado conforme a las retribuciones vigentes y aplicando la subida salarial recogida en el Decreto-Ley 3/2025, de 18 de diciembre. Para dar una idea de la magnitud de esta inversión, cabe decir que el incremento equivalente en número de puestos supondría ampliar la plantilla en más de un 130%, lo que representaría unos 1.050 efectivos a mayores. La medida implica la modificación de las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio. Asimismo, en palabras del Ejecutivo autonómico amplia el periodo de prestación de servicios a todo el año y mejora la estabilidad del empleo público, la planificación de las campañas y la profesionalización del sistema de lucha contra los incendios forestales. Gracias a esta transformación, el personal del operativo desarrollará no solo tareas de extinción, sino también funciones de prevención activa, mantenimiento de infraestructuras de defensa contra incendios, vigilancia forestal, restauración del entorno tras los fuegos y otras tareas técnicas fundamentales para reducir el riesgo de grandes incendios. La disponibilidad permanente del operativo permite, además, «reforzar la capacidad de anticipación y garantizar una respuesta profesional, rápida y versátil ante cualquier situación de riesgo para la ciudadanía«. Con esta medida, la Junta de Castilla y León busca «consolidar» un operativo profesional, estable y activo todo el año, orientado a la prevención, la protección del medio natural, la extinción de incendios y la seguridad de las personas.
