Alcalde de Talara se pronuncia en contra de privatización de Petroperú
El alcalde provincial de Talara, Juan Zarate, se pronunció en contra de la privatización de PetroPerú y solicitó al presidente José Jerí, y al ministro de Economía y Energía y Minas, que se dispongan las medidas necesarias para hacer frente a la falta de liquidez que padece la empresa estatal. Además, se opuso a una posible privatización de la entidad.
El burgomaestre sostuvo que existiría una falta de soporte por parte de la Junta General de Accionistas (JGA) de Petróleos del Perú S.A. que podría derivar en la paralización de las operaciones de la empresa a nivel nacional.
En esa línea, Zarate acotó que la detención del funcionamiento de la compañía generaría un desabastecimiento de combustible en las zonas donde esta opera; paralizando las actividades productivas, comerciales y turísticas en los sectores que solo son abastecidos por PetroPerú. Además, el burgomaestre señaló que también repercutiría en el consumidor final al producirse un incremento en el precio del combustible.
"Todo indicaría que los señores ministros y la JGA no han valorado las consecuencias adversas para el país que traería la propuesta de llevar a PetroPerú ante Proinversión para iniciar su desmembramiento y ofrecerlo a precios irrisorios", finalizó el burgomaestre mediante un comunicado.
No inyectarán más capital
El pasado 22 de diciembre, la ministra de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, informó que no se tiene previsto realizar una nueva inyección económica a la empresa estatal. La funcionaria puntualizó que tienen como prioridad un cambio en la gobernanza y gestión de la institución, con el objetivo de detener el gasto que genera al erario nacional. "Desde el 2022 hasta la fecha se han transferido un total de 17.000 millones a PetroPerú para mantenerla a flote", explicó para un medio nacional.
En esa línea, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que el Poder Ejecutivo prepara un Decreto de Urgencia para iniciar la reestructuración integral de Petroperú, con el objetivo de fortalecer la institución, ordenar sus finanzas y proteger la seguridad energética del país. Miralles afirmó que la medida busca salvaguardar los activos del Estado, garantizar el abastecimiento de combustible y los derechos laborales de los trabajadores.