Los dos «flecos» de ETA: presos y huidos
A día de hoy todavía existen 23 miembros de la organización terrorista que siguen en los listados de huidos de ETA de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Aparte existen otros terroristas de ETA que, en junio de 2013, fundaron en Bayona (Francia) la estructura de interlocución del EIPK, que se encuentran investigados por la Audiencia Nacional por formar parte de la organización terrorista hasta abril de 2018. Esta estructura de los huidos de ETA se creó en 2013 porque el Gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) se negó a negociar absolutamente nada con ETA, todo lo que su antecesor Rodríguez Zapatero sí que había hecho.
Durante el último año de gobierno de Rodríguez Zapatero (2011), el Partido Socialista se encargó de perfilar los últimos flecos con los herederos de Batasuna, transformados en la organización política Bildu a través de una coalición de tres partidos –dos aparentemente legales y uno claro sucesor de Batasuna– . Los socialistas lograron además que un Tribunal Constitucional con mayoría afín al Partido Socialista cometiera la máxima aberración en Derecho hasta la fecha, corrigiendo al Tribunal Supremo, que había demostrado que Bildu era Batasuna-ETA.
Bildu fue «blanqueada» por el Tribunal Constitucional de entonces en mayo de 2011 y, a cambio, la formación abertzale se encargaría de que ETA anunciará el cese definitivo de las armas en octubre de ese mismo año, aunque no anunció su disolución, puesto que quedaron dos flecos pendientes: los presos de ETA repartidos por las cárceles españolas y los huidos de la banda terrorista que tenían causas aún activas judicialmente en España.
A lo largo de los años, Bildu ha ido incorporando a sus filas a miembros de ETA a través de uno de los partidos de la coalición –Sortu– e incluso, desde 2011, ha llegado a presentar en sus listas electorales a casi un centenar de candidatos pertenecientes a la banda criminal, también a asesinos de ETA, en las elecciones municipales, autonómicas y, también, nacionales. Pero siempre con muy poco peso específico en la influencia de la política nacional, puesto que ningún partido gobernante dependía de sus votos y menos el Partido Popular, que nunca negociaría con los herederos de ETA.
Todo esto cambia radicalmente en diciembre de 2017 –todavía gobernando Mariano Rajoy–, fecha en la que finaliza el juicio contra miembros del Partido Popular -»caso Gürtel»- y en el que el ponente encargado de redactar la sentencia de la Audiencia Nacional sería finalmente el magistrado José Ricardo de Prada.
Fue entonces cuando la izquierda comenzó a movilizarse consciente de que el fallo judicial perjudicaría mucho al Partido Popular al saber que el ponente, con su particular inquina al centroderecha, exageraría y no diría la verdad sobre la responsabilidad de un partido político como el PP. De hecho, meses después de la fatua sentencia, el Tribunal Supremo corregiría las falsas afirmaciones de un ponente culpando al PP de la corrupción de unos pocos.
Fue esta espuria sentencia dictada el 17 de mayo de 2018 el detonante de la moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular. Y fue cuando Bildu-Sortu-Batasuna aprovechó la minoría y debilidad socialista de Pedro Sánchez para cerrar unos acuerdos cuyas reuniones de Bildu y PSOE ya se habrían producido entre diciembre de 2017 y mayo de 2018 para fijar las exigencias de los herederos de ETA.
Fueron dos las exigencias: acercar a todos los presos de ETA al País Vasco y Navarra cediendo las competencias en materia penitenciaria y solucionar la situación de los huidos. Eran los dos flecos que ETA había dejado pendientes en octubre de 2011. Tanto «Josu Ternera» como David Pla e Iratxe Sorzabal dirigían el «aparato político» e «internacional» de la organización terrorista y, por tanto, quienes exigirían a un Gobierno con gran debilidad –como el de Pedro Sánchez– resolver la situación de los presos y huidos de ETA.
David Pla e Iratxe Sorzabal fueron detenidos en septiembre de 2015 y fue «Josu Ternera» quien se quedaría al frente del «aparato político» con la ayuda de su hijo Egoitz. Desde esa fecha, fue Sortu –dentro de la coalición de Bildu– quien se encargó de la negociación de los dos flecos pendientes de ETA, siempre bajo la lupa de «Josu Ternera», quien estuvo huido hasta mayo de 2019, cuando fue detenido.
ETA anunció su disolución en abril de 2018, un mes antes de la moción de censura de Pedro Sánchez, porque sabía que un cambio de Gobierno a la extrema izquierda le beneficiaría para cerrar sus dos reivindicaciones pendientes. Bildu-Batasuna ya había negociado con el Partido Socialista las condiciones para apoyar la moción de censura y sabía que la «detonación» se produciría con la sentencia de «Gürtel» contra el PP. De nuevo, el PSOE entraría a gobernar España con una mentira, como ya ocurrió con Rodríguez Zapatero en el año 2004, pero esta vez dependería de los herederos de la banda terrorista y de los independentistas catalanes.
Comenzaron los acercamientos masivos de presos de ETA a partir de marzo de 2019, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez, que en cuatro años logró acercarlos a todos al País Vasco, habiendo cedido las competencias penitenciarias al Gobierno vasco en octubre de 2021. Los huidos comenzaron a volver al País Vasco y Navarra sin temor a la persecución judicial a partir de junio de 2019, primer año de Gobierno sanchista.
Si en mayo de 2018, antes de la moción de censura, existían más de 60 huidos de ETA perseguidos policial y judicialmente, en 2025 solamente quedan ya 23. El problema que tienen ETA, Bildu y el PSOE es que el fleco de los huidos nunca lo van a cerrar, puesto que en 2024 abrimos causa en la Audiencia Nacional, con la gran ayuda de un fiscal del tribunal, contra estos 23 huidos y algunos más por pertenecer a ETA hasta abril de 2018. El PSOE no ha podido cumplir con Bildu su negociación.