En pleno avance de las advertencias internacionales sobre los riesgos de seguridad que plantea Huawei, el Gobierno de España ha decidido seguir profundizando su relación con la empresa china, dando un paso más en una política tecnológica que resulta tan imprudente como opaca. Esta Nochebuena, en uno de los días más propicios para que nadie lo advirtiera, Adif anunció en el Boletín Oficial del Estado una licitación de hasta 484.000 euros para la adquisición de equipamiento del gigante asiático destinado a la red de datos ferroviaria española. La fecha escogida para este anuncio no es casual: mientras millones de ciudadanos celebraban la festividad, el Ejecutivo impulsaba una contratación que no solo afianza una dependencia tecnológica, sino que lo hace al margen del debate político y la transparencia democrática. El suministro previsto responde, según Adif, a la necesidad de repuestos para mantener equipos previamente adquiridos a la misma Huawei. Sin embargo, este argumento técnico encierra una lógica perversa: cuanto más se invierte en tecnología de una sola marca, más difícil resulta desvincularse de ella. Esta 'trampa del proveedor único' impone a las administraciones públicas una creciente sujeción a los repuestos, actualizaciones y soporte técnico del mismo fabricante. La consecuencia es una pérdida progresiva de autonomía tecnológica en un área tan sensible como las infraestructuras de transporte. El riesgo no es únicamente económico o logístico. Huawei está sometida a las leyes de Seguridad Nacional y Ciberseguridad de la República Popular China, que obligan a las empresas a colaborar con los servicios de inteligencia del país. Adif dice que los ‘routers’ que adquirirá no se conectarán a internet, pero las adevertencias de los expertos alimentan los temores a una puerta trasera al espionaje digital. No es una preocupación infundada. Ya en el pasado, contratos similares con Huawei suscitaron protestas en el Congreso de los Estados Unidos, hasta el punto de amenazar con limitar el flujo de inteligencia compartida con España. La Unión Europea, por su parte, ha advertido de que las ayudas al despliegue del 5G estarán condicionadas a la exclusión de esta empresa china de los proyectos tecnológicos nacionales. Es aún más preocupante que esta nueva adjudicación se haya disfrazado de procedimiento competitivo, cuando en la práctica solo Huawei puede cumplir con los requisitos técnicos exigidos por tratarse de su propio equipamiento. A todo esto se suma la actitud elusiva del Gobierno al evitar comparecer ante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional para explicar sus decisiones en esta materia. El Ejecutivo tuvo la oportunidad de dar explicaciones sobre las medidas adoptadas para proteger la información estratégica compartida con nuestros socios, sin embargo, se escudó en la supuesta «imposibilidad de asistir» de altos cargos dejando sin respuesta preguntas clave para la seguridad nacional. España no puede permitirse continuar una deriva tecnológica que compromete su independencia estratégica y la confianza de sus aliados. Persistir en esta senda es no solo un error, sino una imprudencia que pone en riesgo nuestra soberanía digital y la seguridad colectiva. El Gobierno debe rectificar cuanto antes y presentar un plan creíble para deshacerse de su dependencia tecnológica de Huawei. Lo contrario es, simplemente, inaceptable.
