Decreto 5515 divide opiniones entre legalidad constitucional y gobernabilidad

El Decreto Supremo 5515 abrió un intenso debate político y jurídico en el país, luego de que sectores de la oposición y analistas cuestionaran su constitucionalidad, mientras el Gobierno defiende la norma como un mecanismo necesario para garantizar la gobernabilidad y la continuidad institucional.

La norma autoriza al presidente Rodrigo Paz a ejercer sus funciones mediante medios tecnológicos de comunicación cuando se encuentre temporalmente fuera del país. Asimismo, establece las atribuciones de la Vicepresidencia en casos de suplencia temporal, señalando que su accionar debe sujetarse a las instrucciones expresas del titular del Órgano Ejecutivo y ejecutarse en coordinación con el Ministerio de la Presidencia.

Para el abogado constitucionalista Williams Bascopé, el decreto surge en un contexto de desconfianza política entre el presidente y el vicepresidente Edmand Lara, quien se declaró opositor al Gobierno. Según su análisis, existen tensiones internas y una rivalidad que explican la emisión de la norma.

Bascopé sostuvo que, desde el punto de vista constitucional, es posible limitar el ejercicio de ciertas atribuciones del vicepresidente y recordó que el artículo 14 de la Constitución establece que “todo aquello que no está prohibido, está permitido”.

En ese marco, señaló que el decreto goza del principio de presunción de constitucionalidad y legalidad mientras no sea impugnado ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“El decreto tiene elementos polémicos frente a la Constitución, pero quien debe dilucidar su constitucionalidad es el TCP. Hasta que eso ocurra, la norma se presume constitucional”, afirmó.

No obstante, advirtió que una eventual declaración de inconstitucionalidad requiere una decisión de sala plena, situación que actualmente estaría en duda debido a la falta de conformación completa del Tribunal.

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En contraste, el analista político Joadel Bravo consideró que el decreto es constitucional y que el presidente puede ejercer sus funciones desde el exterior, ya que la Carta Magna define con claridad los roles del presidente y del vicepresidente.

“No existe un óbice legal. El vicepresidente asume solo ante una imposibilidad absoluta del presidente, como la renuncia, muerte o suspensión por delito”, explicó.

Bravo añadió que las funciones del vicepresidente se circunscriben a dirigir la Asamblea Legislativa y a garantizar la sucesión únicamente en casos de ausencia definitiva del mandatario.

Desde el Gobierno, el viceministro de Transparencia, Seguridad Jurídica y Derechos Humanos, Yamil García, afirmó que el decreto tiene como objetivo principal garantizar la estabilidad del Gobierno y brindar seguridad jurídica a la población.

“Esta norma está en sintonía con la Constitución, precautela la estabilidad gubernamental y garantiza el cumplimiento de los artículos 172 y 174”, señaló en entrevista con Unitel.

Por su parte, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé recordó que la coordinación y cooperación entre los órganos del poder público son principios fundamentales del Estado. “Sus titulares están obligados a respetar estos principios constitucionales por encima de sus diferencias personales o políticas”, escribió, y calificó de “despropósito” escalar las diferencias entre el Presidente y el Vicepresidente mediante medidas de “debatible constitucionalidad”.

En la vereda opuesta, el diputado Gustavo Gutiérrez afirmó que cualquier intento de habilitar el ejercicio del gobierno desde el exterior mediante un decreto constituye un acto “abiertamente inconstitucional”.

“Mi deber como diputado no es defender personas ni afinidades políticas, sino resguardar la Constitución, que es la norma suprema del Estado”, sostuvo.

En la misma línea, el jefe de bancada de Libre en la Cámara de Diputados, Rafael López, calificó la norma como inconstitucional y recordó que el artículo 164 de la Constitución establece que, ante la ausencia del presidente, debe asumir el vicepresidente.

A su juicio, el trasfondo del decreto radica en un conflicto interno entre Paz y Lara. “Esa disputa está perjudicando al país y no puede resolverse vulnerando la Constitución”, aseveró.

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