El futuro de la Corona o la tentación de lo disponible
La Monarquía parlamentaria desempeña una función que suele pasar inadvertida mientras las cosas transcurren con normalidad, quizá porque su utilidad, que en tiempos serenos es de tono discreto, se revela plenamente cuando el sistema político empieza a tensarse y obliga a mirar más allá de la inmediatez del poder. No interviene en la gestión ni aspira a protagonizar la agenda pública, pero introduce una forma de continuidad que atenúa el choque entre la política, la Nación y el Estado, recordando que la autoridad que abrocha esos tres botones no se agota en una legislatura. Mientras el Gobierno dispone de margen y de crédito político, ese papel permanece en segundo plano, como permanecen los buenos mecanismos cuando cumplen su función.
La dificultad surge cuando la política deja de pensarse como una tarea de ordenación del tiempo y empieza a vivirse como una sucesión de maniobras defensivas, con el único objeto de mantener abiertas distintas salidas posibles, incluidas aquellas que afectan a los fundamentos del sistema. Se trata de ganar tiempo, aunque sea arrebatándoselo al país y a su propio futuro.
A estas alturas de la década, sería ingenuo pensar que España puede vivir al margen de esa dinámica; antes bien, al contrario. Hoy por hoy, esta España bajo el Gobierno de Pedro Sánchez y sus coaligados es el epítome europeo de cómo la gestión del riesgo y el aplazamiento del coste político se convierten en piedras angulares de la acción pública, relegando todo proyecto al mero apetito y a la necesidad de saciar la voracidad de minorías tácticas y avaras.
Ante esta lógica, la Monarquía queda especialmente expuesta. En ella se concreta el valor simbólico de la Nación, su continuidad institucional y, por permanecer fuera del ciclo electoral, queda fuera de las líneas de frente y trinchera. Sin embargo, esa existencia institucional sin aditamentos de poder efectivo que eleva la Corona y la hace posible en la España de hoy, la convierte también en la pieza más sensible de nuestro engranaje, porque la deja a expensas, en el fondo, de los políticos.
La Monarquía podría así, en cuestión de meses, dejar de ser una pieza connatural a nuestro sistema y pasar a convertirse en una cuestión. Sobre ella pende, en esta década de Sánchez, la tentación de lo disponible.
Está ahí, hierática en el fondo, a un golpe de mano del presidente y sus coaligados, que con un gesto pueden crear, por sus necesidades y no por clamor o mayoría social, una cuestión monárquica; es decir: un referéndum sobre su continuidad.
En un escenario de estrechamiento político, con la previsible concatenación de derrotas electorales, el estrechamiento de los cercos judiciales que ahora rodean al presidente, su familia y su partido y la necesidad de un banderín de enganche que vuelva a reunir la inestable coalición parlamentaria que lo sostiene, hacen que darlo por imposible sea pecar de ingenuos.
Además, basta con observar la década para darse cuenta de que la semiótica la tienen preparada desde hace años, esperando el momento propicio o el abismo que se lo haga necesario. Democracia, pueblo, Franco…
Todas esas palabras, combinadas como juegos de manos hampones, están en el disparadero, esperando a que se pulse el botón para desplegarse por la opinión pública, debidamente engrasada gracias al erario.
No se trata de una pulsión doctrinal, de un republicanismo redivivo. Una cuestión monárquica no sería, a modo de referéndum, un mecanismo de decisión, sino un generador de fracturas. Si Sánchez planteará la votación sobre el futuro de la Corona, y nada parece frenarle si se decide, lo haría para crear alineamientos, reforzar lealtades y redefinir el lenguaje legítimo del debate público. El hipotético resultado sería, si acaso, secundario para sus objetivos.
La mera convocatoria cumpliría la función de reorganizar el espacio político y de alterar durante un tiempo las prioridades del debate público. Lograría hacer de la incertidumbre un recurso más, porque mantendría abiertas las negociaciones y ofrecería un marco de justificación para nuevos excesos en pactos, cesiones y concesiones y una escalada política inédita en nuestra democracia. Este es, realmente, el último paso del sanchismo. Cuando la forma de Estado entra en la lógica de la coyuntura, se impone la idea de que lo común es negociable y de que la continuidad depende de la oportunidad política. La vida pública se convierte en un zoco en el que toda venta es admisible y toda negociación, posible.
El resultado es una sociedad aún más frágil y cultura política en la que todo parece provisional y en la que la estabilidad deja de percibirse como un bien público para convertirse en una ventaja circunstancial.
Porque el problema no reside en la discusión sobre la forma de Estado, que es legítima cuando se aborda con rigor, sino en el criterio que impulsa su apertura. Y el de Sánchez no será –no lo ha sido en estos años– un criterio limpio, sino un mero giro de supervivencia, una respuesta a urgencias fatídicas. Nada más, pero como todas las nadas en política, destructiva.