En medio de la retórica inflamada del régimen venezolano y de la tensión creciente en la región, hay una palabra que se ha vuelto incómoda pero imprescindible: prudencia. No como sinónimo de pasividad ni como coartada para el silencio, sino como principio político elemental que Nicolás Maduro decidió ignorar cuando más lo necesitaba Venezuela. La prudencia, entendida como capacidad de leer la realidad, anticipar consecuencias y evitar daños mayores, fue sustituida por una lógica de confrontación permanente que terminó empujando al país a un escenario de alto riesgo innecesario. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, fue explícito cuando advirtió: «Si Maduro se quiere hacer el duro, será la última vez que lo haga». La frase, pronunciada semanas antes del desenlace, no fue una fanfarronada ni un exabrupto retórico. Fue una señal política clara, coherente con el estilo y con la doctrina de disuasión directa que Trump ha utilizado de forma consistente en política exterior. El 23 de diciembre, Maduro decidió ignorarla. Ese desprecio no fue un acto de valentía, sino una mala lectura del poder y de sus límites. Trump no apostó nunca por la ambigüedad. Su aproximación al caso venezolano combinó presión, advertencia y una ventana de salida política clara: reconocer el resultado electoral y facilitar una transición. Para Trump, el problema no era ideológico, sino de orden y estabilidad hemisférica. Un régimen que pierde elecciones y se aferra al poder se convierte, automáticamente, en un factor de desestabilización. Desde esa lógica, la prudencia exigía una corrección inmediata del rumbo. Maduro optó por el desafío, convencido de que la retórica antiimperialista sustituía a la correlación real de fuerzas. Desde España, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, introdujo un matiz fundamental al señalar que la prudencia debía ir acompañada de esperanza democrática. Su declaración marcó un contraste nítido entre dos actitudes frente a Venezuela: la de quienes entienden la transición como una salida responsable y la de quienes, como el régimen de Caracas, prefieren la confrontación antes que aceptar la realidad. Desde ese punto de partida se desmontaba así uno de los pilares del discurso chavista tardío: la idea de que toda presión externa constituye una agresión ilegítima. La observación es relevante porque recuerda algo que buena parte del debate europeo ha preferido diluir: Venezuela no atraviesa una crisis coyuntural, sino una dictadura prolongada. Lo que el país reclama no es una tutela extranjera sino un futuro sin represión, sustentado en una transición democrática clara, verificable y acompañada internacionalmente. Ese futuro tuvo un momento concreto y preciso de posibilidad: las elecciones del 28 de julio de 2024. Allí se produjo la quiebra que explica todo lo que vino después. El chavismo perdió. Y perdió frente a una alternativa democrática nítida, encabezada por Edmundo González Urrutia, con el respaldo político y moral de María Corina Machado. Reconocer ese resultado no era un gesto de debilidad, sino un acto de prudencia histórica. Implicaba aceptar una transición ordenada, con garantías internas y externas, con acompañamiento internacional y con una salida que evitara la escalada que hoy amenaza directamente a millones de venezolanos. Pero esa prudencia nunca llegó. Maduro eligió otra cosa: permanecer en el poder pese a haber perdido las elecciones. La decisión fue consciente y deliberada. Con ella, cerró la vía política y transformó la naturaleza del conflicto venezolano. Desde ese instante, dejó de tratarse de un diferendo interno y pasó a convertirse en un problema de legitimidad con implicaciones internacionales, especialmente en materia de seguridad regional. Es en este punto donde la prudencia ligada a la democracia resulta particularmente incómoda, no solo para el régimen venezolano, sino también para ciertos sectores políticos en Europa. El actual Ejecutivo socialista facilitó la salida de Venezuela del ganador de las elecciones, mientras que Estados Unidos terminó sacando del tablero a quien se mantuvo en el poder pese a haberlas perdido. Más allá de los matices diplomáticos, el mensaje político es devastador: se protegió al derrotado y se dejó sin respaldo efectivo al vencedor. El rol del Gobierno español fue, en el mejor de los casos, tibio. Amparado en una prudencia mal entendida, optó por minimizar el conflicto, evitar definiciones claras y refugiarse en un lenguaje ambiguo que, en la práctica, terminó favoreciendo al régimen. Ese doble rasero ayuda a explicar el silencio cómplice que ha pesado durante años sobre la tragedia venezolana. Callar ante la represión, relativizar el fraude y aceptar la ficción de una «normalidad autoritaria» no evitó el conflicto; lo incubó. La prudencia auténtica era otra: aceptar el veredicto expresado por los venezolanos en las urnas del 28 de julio de 2024. Con ese solo gesto, Maduro habría evitado la escalada, el aislamiento reforzado, la tensión militar y el riesgo directo para la población civil. No habría excusas para acciones de fuerza, no habría ruptura del frágil equilibrio regional y no habría necesidad de comunicados épicos ni llamados irresponsables a la movilización armada. Hasta hoy, el régimen hablaba de soberanía y de paz, pero convocaba a la confrontación. Invocaba el derecho internacional mientras desconocía el principio básico que lo sostiene: la legitimidad democrática. Ningún Estado puede exigir prudencia al mundo mientras empuja a su propio pueblo al abismo para sostener a una élite en el poder. La soberanía no se declama; se legitima. El concepto que liga la libertad y la democracia traerá el futuro en paz que Venezuela y los venezolanos merecen. No existen atajos militares hacia la estabilidad, ni discursos grandilocuentes o prosopopéyicos capaces de sustituir el mandato popular. La prudencia no consistía en resistir indefinidamente, sino en saber irse a tiempo. Nicolás Maduro no lo hizo. Y hoy Venezuela paga el precio de esa imprudencia convertida en política de Estado.
