Pocos proyectos industriales han desatado tantas pasiones y enfrentamientos en la historia reciente de Galicia como el proyecto de Altri para construir una celulosa en el municipio lucense de Palas de Rei. Y pese a que en un principio, antes de las elecciones autonómicos de febrero de 2024, todas las fuerzas parlamentarias apoyaban el proyecto, el BNG y el PSdeG (este último al ralentí) comenzaron a desmarcarse criticando un cambio en el proyecto, como si no supieran que además de lyocell se produciría pasta celulósica, cuando ya consta en las iniciativas del Parlamento desde 2023. Este año que termina continuó como había finalizado 2024, con una oposición liderada por los nacionalistas que, a través de consignas y movilizaciones , vieron en el proyecto un elemento de confrontación con el PP. Con el empleo de vocablos cada vez más extravagantes, desde la «economía extractivista», el expolio, o el «franquismo industrial» , sin olvidarse del eslogan de la «bomba ambiental en el corazón de Galicia» , esta dialéctica se convirtió en parte de la identidad del Bloque, útil para Altri como para la mina de Doade, la de Touro, o cualquier proyecto industrial de calado con intención de asentarse en Galicia. Con flecos pendientes como las ayudas públicas que demanda la compañía para financiar el proyecto –250 millones de euros– o la necesidad de contar con una subestación y conexión a la red eléctrica , no contemplada en el primer borrador de la planificación elaborada por el Ministerio de Transición Ecológica, la empresa que impulsa el proyecto y la apadrina, Greenfiber (fruto de la unión entre Altri y Greenalia, empresa gallega centrada en energías renovables), no da su brazo a torcer, recurriendo a las convocatorias y buscando vías alternativas para la que sería una de las mayores inversiones de la historia de Galicia. Un año más marcado por las movilizaciones pero también por el visto bueno ambiental de la Xunta, avalado en el dictamen de impacto ambiental del pasado mes de marzo. Un balón de oxígeno que, sin embargo, fue desinflado en los meses posteriores ante la negativa a obtener la financiación que desde un principio reclama la compañía (un 25% de los 1.000 millones de euros que se invertirán en total) en las convocatorias de fondos europeos para la descarbonización. El 23 de abril, el ministro de Industria, Jordi Hereu, anunció que el proyecto no contaba «la puntuación mínima» basada en criterios «estrictamente técnicos» para recibir los 30 millones que solicitaban en esta convocatoria. Noticia que adelantaba la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmando que no apoyarían ningún proyecto «que ponga en riesgo a la población» , pese a que ya contaba con el visto bueno ambiental autonómica. Una idea que también deslizó el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, anticipándose a los técnicos y valorando que, en su opinión, «no era apto». La compañía matizó que la razón tras este rechazo se debía a «razones de plazo», ya que dicha iniciativa tendría que estar finalizada antes del 31 de marzo de 2026 para optar a la ayuda. Una pequeña parte tramitada en paralelo a una ayuda directa de 250 millones de euros que Greenalia solicitó al Ministerio de Industria, a expensas de que la Autorización Ambiental Integrada sea positiva, una de las cuestiones pendientes de resolver por la Xunta más allá de la declaración de impacto ambiental, y que previsiblemente se hará pública este 2026. El último varapalo en los planes de la compañía, anunciado también antes de tiempo, en esta ocasión por el secretario xeral de los socialistas gallegos para apuntarse el tanto y rascar parte del rédito al BNG, supuso la exclusión de la provincia de Lugo en el refuerzo a la red eléctrica de los próximos años. Una decisión tomada por los técnicos del Ministerio de Transición Ecológica que, en la práctica, supone que Altri no podrá conectarse a la red eléctrica ni contar con una subestación propia, esencial para su funcionamiento. El golpe parecía definitivo, aunque la redacción final de la planificación energética todavía está en negociación entre las comunidades autónomas y el Gobierno. De hecho, la Xunta presentó a mediados de diciembre sus alegaciones al plan, con el foco puesto en la «zona centro y oeste de la provincia de Lugo», coincidiendo con la localización del municipio de Palas de Rei. Conviene añadir que toda la provincia de Lugo se queda fuera del refuerzo de la red, lo que no solo afecta al proyecto de Altri, sino a cualquier tipo de iniciativa empresarial que requiera de energía para llevar a cabo su actividad. Pese a todo, desde Greenalia reaccionaron a esta noticia afianzando su confianza «plena» en el proyecto. «Confiamos en el sistema y estamos a disposición de las distintas administraciones para resolver cualquier duda que puedan tener al respecto del proyecto», afirmaron el pasado mes de septiembre. El otro actor clave para el devenir del proyecto es la Unión Europea. Más allá de las convocatorias de fondos, la impulsora del proyecto en Palas de Rei. Pese a los múltiples intentos de la eurodiputada del BNG, Ana Miranda, de implicar a la Comisión Europea instando a la institución a suspender el proyecto o a cuestionar el cumplimiento de la normativa europea, el esfuerzo no dio sus frutos. Mientras Europa respondía que no les correspondía a ellos suspender el proyecto o que no contaban con pruebas suficientes para acreditar ningún incumplimiento, Greenalia buscaba avales para facilitar la financiación, como el sello STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa) otorgado en noviembre por la Agencia Ejecutiva Europea de Clima, Infraestructuras y Medio Ambiente (CINEA). Una consideración celebrada por la empresa, destacando el carácter «estratégico» del proyecto para «mejorar la competitividad industrial» de la Unión Europea, abriendo la puerta ayudas para solicitar financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y otros fondos europeos destinados a proyectos de transición verde y digital. Pistas que no despejan la incógnita sobre si el polémico proyecto tendrá lugar o no en el municipio lucense de Palas de Rei, en un año que arranca en el que las dudas respecto a la financiación y la conexión eléctrica serán resueltas.
