Saucedo sobre los decretos: Lo que la CPE no prohíbe, lo permite
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, respaldó las decisiones del presidente Rodrigo Paz respecto de los decretos 5503 y 5515 y la polémica que generaron.
“Nadie está obligado a hacer lo que la Constitución Política no manda; en otras palabras, lo que la Constitución Política no prohíbe, está permitido”, afirmó el magistrado durante la inauguración del año judicial en Sucre.
Con sus declaraciones, Saucedo validó la emisión de los decretos supremos 5503 y 5515, recientemente cuestionados por diversos sectores sociales, entre ellos la Central Obrera Boliviana (COB).
Romer Saucedo
“Lo que usted hizo, Presidente, es constitucional y lo está haciendo por el bien de Bolivia”, interpretó el titular del TSJ, en el acto de inauguración del año judicial, celebrado en Sucre este lunes y que contó con la participación del mandatario.
El Decreto Supremo 5503 establece medidas de ajuste económico, incluye la eliminación de subsidios a los hidrocarburos, mientras que el 5515 faculta al Presidente a ejercer funciones a distancia, lo que generó debate en la opinión pública.
Saucedo destacó que el cumplimiento de la Constitución es fundamental y que las acciones que no se prohíben están permitidas y dijo que los cuestionamientos deben ajustarse a la ley.
El respaldo del TSJ coincide con un momento de tensión social y política, tomando en cuenta que la COB y otros sectores se movilizaron, principalmente, contra el Decreto 5503, al que calificaron de “maldito”.
Decretos
El titular del TSJ enfatizó que el sistema judicial respalda la institucionalidad y que cualquier acción ejecutiva se analiza bajo criterios legales, buscando un equilibrio entre normativa y gobernabilidad.
Con este pronunciamiento, Saucedo ratifica la posición del TSJ sobre la constitucionalidad de las decisiones presidenciales y envía un mensaje de “estabilidad” jurídica frente a las críticas sociales.
Varios actores políticos se pronunciaron respecto de ambos decretos y los calificaron de inconstitucionales, sin embargo, el Gobierno defendió su legalidad.
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