“Bolivia no se vende”: manifestantes contra decretos económicos anuncian su ingreso a La Paz en su tercer día de marcha
La marcha encabezada por la Central Obrera Boliviana (COB) llegó este lunes a La Paz en protesta contra el Decreto Supremo 5503, que establece medidas económicas para enfrentar la crisis fiscal del país. La movilización, que lleva el nombre "Bolivia no se vende", ha reunido al menos a 2.500 personas, según la Defensoría del Pueblo.
Los manifestantes provienen de diversos sectores como minería, campesinos y maestros, y partieron desde la localidad de Calamarca, a 70 kilómetros de la sede de Gobierno. Sin embargo, el recorrido no estuvo exento de tensiones, ya que el domingo se registraron disputas entre los marchistas debido a la presencia de cocaleros del Trópico de Cochabamba, ligados al expresidente Evo Morales.
Rodrigo Paz invita a la conversación
El gobierno de Rodrigo Paz convocó a los dirigentes a una reunión en la Casa de Gobierno para explicar las medidas del decreto. El viceministro de Coordinación de la Gestión Pública, Julio Linares, anunció que se abrirán mesas técnicas para escuchar las propuestas de los manifestantes, aunque descartó la posibilidad de derogar el decreto.
Según Linares, todas las medidas pueden ser mejoradas, pero son necesarias para enfrentar la grave situación fiscal que atraviesa Bolivia. La postura del gobierno subraya el contraste con las demandas de los sectores sindicales que exigen la derogación de las reformas económicas.
Ajustes económicos dentro del Decreto Supremo
El gobierno de Bolivia enfrenta una fuerte oposición por los ajustes económicos incluidos en el Decreto Supremo 5503, que propone medidas como la eliminación del subsidio a los combustibles, lo que derivaría en aumentos de hasta el 163% en el precio del diésel y el 86% en el de la gasolina. Además, el decreto introduce un mecanismo de aprobación exprés de contratos sobre recursos naturales.
El canciller boliviano, Fernando Aramayo, defendió firmemente las reformas, subrayando que no se están entregando los recursos naturales del país a inversionistas extranjeros. Según Aramayo, las protestas contra el decreto son impulsadas por una "aristocracia sindical minera" que teme perder sus privilegios históricos.
El gobierno insiste en que las reformas son esenciales para abordar la crisis fiscal y mejorar la gestión de los recursos del país, aunque las críticas continúan creciendo entre aquellos que se sienten perjudicados por las medidas implementadas.