El final de las fiestas de Navidad representa para la administración de Justicia en España y para todos sus profesionales la aplicación definitiva y general de la reforma judicial aprobada por el Gobierno hace un año, a través de la llamada ley de medidas de eficiencia del servicio público de Justicia. La pretenciosidad del título no era menor que los anunciados efectos modernizadores de la reforma auspiciada por el ministro de Justicia, Félix Bolaños . Poco menos que esta ley iba a sacar a los tribunales de la caverna en la que vivían, a pesar de que desde 1985, año de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial, la administración judicial de España ha vivido una cadena de sucesivas transformaciones, con nuevos órganos en casi todas sus jurisdicciones –juzgados de lo penal, de lo mercantil, de violencia contra la mujer– y nuevos procedimientos, algunos expansivos y otros restrictivos de los derechos de los ciudadanos justiciables. Sin embargo, esta última reforma de 2025 ha desaprovechado la ocasión de aprender de las experiencias pasadas y ha impuesto una nueva estructura de órganos, llamados tribunales de instancia e integrados por secciones, que absorbe a los antiguos juzgados, reducidos ya a una burocrática denominación de 'plazas'. Las viejas aspiraciones del progresismo judicial de crear 'jueces de barrio' y de «llevar la Justicia al ciudadano» han sido sustituidas por un visión de ventanilla administrativista que aleja al juez del ciudadano y entorpece la labor de los profesionales del Derecho, como abogados y procuradores, al tiempo que despoja a los jueces de sus propias oficinas judiciales, para diluirlas en una especie de 'coworking' con la etiqueta de servicio común. No hay que idealizar la situación anterior, en la que muchos juzgados vivían en el caos por falta de una eficaz dirección a cargo del juez o de los letrados de la Administración de Justicia, pero la alternativa no tenía que consistir en el desmantelamiento del sistema, sino en un plan realista de dotación de medios humanos y materiales y de una depuración firme de responsabilidades personales. Esta reforma de la organización judicial ha ido de la mano de otras medidas, como la exigencia de una negociación previa a la presentación de demandas civiles y mercantiles, que ha convertido la litigación civil en un juego de azar sobre la interpretación de las nuevas normas y en una fuente de dilaciones absolutamente innecesaria. El buen hacer de jueces y funcionarios, junto con la colaboración de abogados y procuradores, se alza como el contrapeso apremiante a los fallos –ya constatados en donde se ha aplicado– de una reforma desmesurada en su extensión y desenfocada en sus prioridades. Tampoco es inocente en la actual etapa política que al ejercicio de la Justicia se le llame «servicio público» –como el de recogida de basuras–, ni que al juez se le desplace con negociaciones privadas previas o se le arrincone en una 'plaza', sin oficina propia; ni que los antaño juzgados de paz sean hoy oficinas municipales de justicia. No es inocente esta 'desjudicialización de la justicia' en un tiempo político de profunda hostilidad hacia la independencia de los jueces por parte del poder ejecutivo. Jueces, fiscales, secretarios judiciales, abogados, procuradores y profesores de Derecho advirtieron de los efectos contraproducentes de esta reforma. No fueron oídos a pesar de que sus críticas eran puramente técnicas, sin sesgo ideológico, basadas en el conocimiento interno de la vida judicial y en las necesidades esencialmente logísticas de una Administración de Justicia de nuevo maltratada por otra temeridad legislativa.
