La actuación del Defensor del Pueblo para mediar entre la Iglesia y las víctimas de los abusos sexuales que ha forzado el Gobierno está fuera de lugar. El gesto revela un desvío preocupante de su función institucional. Su intervención parece orientada a servir a la misión del Ejecutivo de Sánchez, que es el de atacar a la Iglesia con una finalidad claramente ideológica. Resulta preocupante que este órgano discrimine entre víctimas según el ámbito en el que se producen los abusos y no intervenga de la misma manera en entornos deportivos, escolares o familiares en los que desgraciadamente hay víctimas, pero que no resultan rentables electoralmente. Los abusos a menores han sido una lacra más o menos extendida en todos los ámbitos de la sociedad, aunque a la izquierda le interese solamente hablar de uno . La prioridad de cualquier sociedad civilizada debe ser la protección de las víctimas, sin etiquetas y sin instrumentalizar el dolor ajeno con fines políticos.
